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9 de Noviembre del 2020
Historias
Lectura: 12 minutos
9 de Noviembre del 2020
Redacción Plan V
En lo que va del 2020, tres directores de cárceles han sido acusados por corrupción en Ecuador
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Alexandra N.L. fue detenida el pasado 7 de noviembre. Es acusada por cobros a los presos para beneficios en la cárcel de Jipijapa.

 

La directora de la cárcel de Jipijapa, con un master en estudios de terrorismo, está acusada por recibir dinero para tramitar beneficios. En Guayaquil, el director de la Penitenciaría enfrenta tres investigaciones, una por la prelibertad del líder de los Choneros. En la cárcel de El Rodeo, un director presentaba información falsa de los detenidos.


Una master en estudios de terrorismo, detenida

Alexandra N.L. es ingeniera comercial y hace pocos meses obtuvo un master en Estudios Avanzados en Terrorismo y Análisis de Estrategias en Argentina, según la página del Senescyt. Así se presentaba la directora de la cárcel de Jipijapa, Manabí, en su cuenta de Twitter. Uno de sus últimos mensajes dice: “Seguimos trabajando por la rehabilitación y la reinserción social de las PPLs (sic)”. Ese tuit fue publicado 20 días antes de que fuera detenida por el delito de concusión. Es el más reciente caso que involucra en actos de corrupción a autoridades de centros penitenciarios. En lo que va del año, van tres de estos funcionarios detenidos en Ecuador.

El caso de Alexandra N.L. comenzó con la denuncia de un familiar de una persona privada de libertad a las autoridades. El pasado 7 de noviembre, la Fiscalía informó que la funcionaria es sospechosa de pedir dinero a cambio de tramitar beneficios al interior de la cárcel y ante el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI). La Fiscalía recogió versiones de presos y los certificados de depósitos realizados a tarjetas (de crédito y de casa comercial) que la procesada dispuso para recibir el dinero solicitado.

Su detención se realizó el viernes 6 de noviembre, luego de lo que se efectuaron varios allanamientos. Entre los elementos con los que cuenta la Fiscalía para procesarla están dispositivos electrónicos, documentos de PPL, anotaciones con información de movimientos al interior del centro penitenciario, dinero en efectivo, entre otros.


Con la denuncia de un familiar de un interno empezó la investigación contra la directora de la cárcel de Jipijapa. 

Alexandra N.L. fue investigada inicialmente por extorsión, pero por su cargo público el delito se cambió a concusión. Este delito es sancionado con tres a cinco años de cárcel. El juez Juan Aparicio Dueñas, de la Unidad Judicial Penal de Manta dictó prisión preventiva contra la directora. Las investigaciones durarán noventa días más.

El abogado Patricio Torres, defensor de Navia, dijo a la prensa que se trata de una retaliación de uno de los internos. Ella está detenida en la cárcel de mujeres Tomás Larrea, de Portoviejo.

Las interceptaciones que vincularon al director de la ‘Peni’

Esta es una conversación del pasado 7 de abril de 2020 entre una mujer llamada Samara R.S. con un hombre registrado en sus contactos de Whatsapp como ‘Cabo Gabriel’:

“Causita esperando que esté pasando bien su cuarentena (...) hágame un favor especial, le puedo dar este número a Emilito para que pase viendo esas cajas de whisky que tengo que repartirle una al doctor Reina, confírmeme mi querido causa (sic)”.

Samara R.S. es la esposa de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de Los Choneros. Y ese mensaje es parte de las interceptaciones de la Policía a ella y otros procesados por irregularidades en la prelibertad de Zambrano.

Uno de los vinculados a esa causa fue el director de la Penitenciaría de Guayaquil, Héctor Reyna. En esa cárcel, Zambrano estuvo preso hasta que fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Latacunga.

El 2 de septiembre, la fiscal del caso, Jacinta Andrade, presentó esta y otras pruebas más para acusar a siete personas más por asociación ilícita, entre ellos Reyna y Harrison Salcedo (abogado de Zambrano y del exvicepresidente Jorge Glas). También está acusado el abogado Xavier Novillo Arana, quien fue procesado desde el 2018 por asociación ilícita con una jueza y fiscal de Manabí, que habría beneficiado a miembros de una banda con nexos con el cartel Sinaloa.

Uno de los elementos que llevó a la vinculación de los ahora procesados fue la incautación del celular de Samara R.S. Allí se encontró llamadas telefónicas a través de Whatsapp con el contacto ‘Doctor Reyna’, persona que según la Policía se trataría del director de la cárcel.

En el celular de la esposa del líder de los choneros se encontró  el contacto ‘Doctor Reyna’, persona que según la Policía se trataría del director de la cárcel.

En los registros hay una serie de conversaciones que hacen concluir a los investigadores que las estrategias y los aliados para que no se trunque la prelibertad de ‘Rasquiña’. Por ejemplo, según la Policía, uno de los jueces que conoció la causa de garantías penitenciarias del líder chonero “habría estado actuando de manera direccionada” para beneficiarlo. Los investigadores dicen que incluso Salcedo sugiere que Zambrano que cause problemas al interior del CRS de Latacunga como presión para el director. 

Pero los 10 procesados por ese caso solo recibieron medidas sustitutivas como la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante un juez. Reyna obtuvo ese fallo después de que el defensor público que actuó a su favor presentara un certificado médico del jefe de cirugía digestiva de Solca quien indicó que Reyna padecía cáncer de colon.

Pero el pasado 1 de octubre, Reyna fue detenido en Guayaquil, después de rendir su versión en otro caso. Desde esa fecha se lo acusa también del delito de concusión. Según la Fiscalía, habría cobrado dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios a reclusos –como privilegio en celdas, alimentación, salud, permisos, seguridad y educación– al interior de la Penitenciaría.


En redes de difundió una videollamada entre Reyna y el israelí Shy Daham, que fue asesinado. Captura de Video

Su aprehensión coincidió con la publicación en redes sociales de un video donde se lo observa dialogar con Shy Daham, ciudadano israelí asesinado al interior de la Penitenciaría del Litoral en agosto pasado. Daham junto a su compatriota Oren Sheinman fueron detenidos por ingresar al país con miles de dólares y vinculados a investigaciones por venta de mascarillas, en las que está involucrada la familia Bucaram.

En la grabación, Shy Daham y Reyna se refieren a cantidades de dinero recibidas por personal carcelario y solicitado, presuntamente, por el procesado Reyna. “Yo di la orden y vamos a compartir, pero Novillo no me ha dado nada”, dijo el funcionario en el video. El israelí agregó que había pagado como 47.000 dólares en casi dos meses en Ecuador.

La Fiscalía confirmó además que Reyna estaría siendo investigado por un tercer delito por presunta delincuencia organizada.

Una jueza destapó un caso contra el director de El Rodeo

El 18 de junio pasado, nueve funcionarios de la cárcel El Rodeo, incluido el director del lugar, Emilio A., fueron detenidos. Fueron acusados de fraude procesal, pero a la fecha ocho personas han sido sobreseídas por no haberse encontrado elementos suficientes en su contra. Pero el proceso sigue para Arce, quien fue señalado duramente por una jueza.

Se trata de Lorena Palma, jueza de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Portoviejo, quien atendió el caso del preso Juan Carlos C.B., quien buscaba su libertad. Pero al notar que había irregularidades en ese trámite, la jueza presentó una denuncia.

Allí cuenta que a su despacho llegó el pedido de Juan Carlos C.B., sentenciado en los Estados Unidos por el delito de asociación delictuosa por intentar distribuir cinco kilos de cocaína. El ecuatoriano fue sentenciado a cumplir la pena de 7 años de cárcel, pero fue repatriado al país. Esa solicitud fue realizada por el Centro Penitenciario de El Rodeo, a través de su director Emilio A.

La jueza notó inconsistencias en el expediente y convocó a una audiencia. Allí se confirmó que el preso ya no estaba en El Rodeo sino que había sido trasladado a Esmeraldas en enero. Pero en febrero recién se presentó la solicitud para la prelibertad. La jueza dijo haberse indignado porque la estaban induciendo a cometer un error judicial, pues ella ya no tenía competencia. En la carpeta encontró un certificado que aseguraba que el preso seguía en El Rodeo.

La jueza narró que Emilio A. estuvo presente en la audiencia, “quien pretendió de manera reiterada pero contradictoria en cada intervención de justificar el presente hecho presuntamente doloso presentado en la audiencia, y trató de persuadirme”. La magistrada incluso mencionó que este caso le dejó la sospecha “de que no sea la primera vez que se ha realizado este tipo de actos y que por esta ocasión dejar un rastro en ciertos documentos, prendió la alerta”. “¿Quién garantiza entonces, si en otras ocasiones al no dejar rastros notorios pudo haber inducido al error con documentos que contienen información falsa?”, se preguntó Palma.

El día de la detención, el Diario manabita tuvo la versión de una fuente reservada quien habló de la posibilidad de que 15 internos de la cárcel de Esmeraldas habrían recuperado de esa manera su libertad y que todos son integrantes de Los Choneros, la temida banda que tiene poder en las cárceles del país. “También se reveló que por estos ‘favores’ que hacían los funcionarios recibían a cambio importantes sumas de dinero que podrían ser 15 mil dólares por cada reo”, sostuvo el medio.

Los funcionarios de esta cárcel han estado involucrados en fugas y casos de corrupción. Uno de los más graves se lo conoce como ‘caso El Rodeo’. Trata sobre una red de funcionarios públicos que habría solicitado dinero y botellas de licor para tramitar las garantías penitenciarias de los privados de la libertad en “El Rodeo” y en Bahía de Caráquez, ambos en Manabí. Dentro de este grupo. Entre los acusados están tres jueces. Este juicio se inició el 16 de marzo y en los últimos meses se ha retomado.

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