Nuevos documentos publicados en el proceso judicial contra Carlos Pólit en EE.UU. detallan las investigaciones que ese país ha hecho sobre el excontralor. Los fiscales federales informaron el pasado 6 de enero que pidieron a las autoridades de Panamá, Curazao y Ecuador los registros bancarios del exfuncionario en esos países y de empresas relacionadas.

Los fiscales hicieron estos pedidos entre el 27 de abril de 2020 y el 30 de noviembre de ese mismo año. En los tres países, los investigadores norteamericanos solicitaron registros de las empresas intermediarias que fueron parte del esquema para el lavado de sobornos, según la acusación formal que hizo EE.UU. contra Pólit.

Por ejemplo, a Panamá le requirieron documentos de la empresa intermediaria; a Curazao, los registros de una cuenta que recibió fondos de la empresa intermediaria 2 en o alrededor de 2016 y posteriormente envió fondos a una cuenta de depósito en garantía que fue utilizada por el co-conspirador 1 para comprar bienes raíces en el sur de Florida en beneficio de Pólit; a Ecuador, los registros oficiales y bancarios relacionados con las empresas de propiedad del co-conspirador 3.

La acusación no cita los nombres de las empresas intermediarias ni de los co-conspiradores de Pólit. Pero al co-conspirador 1 lo describe como un familiar de Pólit que vive en el Sur del Distrito de Florida. Ese perfil encaja con el de John Pólit, hijo del excontralor, cuyas propiedades de lujo aparecieron en un reportaje del Miami Herald en 2019. Mientras que el co-conspirador 3 es un empresario ecuatoriano. Algunas de estas propiedades forman parte de la acusación contra Pólit. 

Esta información aparece en la respuesta del fiscal federal Michael N. Berger y de la abogada Jil Simón, del Departamento de Justicia de EE.UU., que presentaron el 6 de enero pasado a la Corte. En ella se oponen al pedido de Pólit de que cinco de los seis cargos de la acusación sean desestimados. Según la defensa del ecuatoriano, esos cargos supuestamente habían prescrito, algo que las autoridades norteamericanas lo niegan y aseguran que presentaron a la Corte dos solicitudes para suspender los plazos legales de la norma estadounidense.

Según Berger y Simon, el gobierno de EE.UU. emitió varias solicitudes oficiales a través de la Oficina de Asuntos Internacionales, del Departamento de Justicia, a autoridades extranjeras en busca de evidencia relacionada con la investigación del acusado. Pero tuvieron que pedir más plazo porque la respuesta de esos países no llegaba o no habían recibido todas las pruebas solicitadas. Jueces de la Corte de Miami aprobaron todas las ampliaciones de plazo, según los fiscales.

En su escrito, también cuentan que recibieron varias respuestas parciales de las autoridades extranjeras a esas solicitudes. El 24 de marzo de 2022, un Gran Jurado de Miami emitió la acusación contra Pólit por conspirar para cometer lavado de dinero. Dos meses después de la acusación, el Departamento de Justicia recibió la respuesta de Ecuador.

En su respuesta, los investigadores sostienen que esa información era relevante para el caso. “Específicamente, en cuanto a la solicitud a Panamá, el gobierno buscó registros bancarios y registros corporativos de la Compañía Intermediaria 3. Esta solicitud fue relevante porque esta entidad recibió sobornos de Odebrecht en relación con el esquema de soborno del demandado y los fondos fueron transferidos posteriormente a la Compañía de la Florida 1; dinero que financió la transferencia subyacente al Cargo V. Se creía razonablemente que esos registros estaban en Panamá y, de hecho, se recibieron en respuesta a una solicitud oficial del gobierno. Además, en cuanto a la solicitud a Ecuador, el gobierno buscó registros bancarios, registros corporativos y otros registros financieros de la empresa del co-conspirador 3, que eran relevantes para probar el beneficio corrupto que recibió el co-conspirador 3 a cambio del soborno de aproximadamente $500.000, que el co-conspirador 3 pagó al acusado. El cargo II se basa en el uso de fondos obtenidos por el acusado y el co-conspirador 1 de estos sobornos. Se creía razonablemente que los registros relevantes al pago del soborno del co-conspirador 3 estaban en Ecuador y, de hecho, se recibieron en respuesta a la solicitud oficial del gobierno”.