En la noche del lunes y madrugada del martes pasados, la fiscal Diana Salazar acusó a 12 personas por delincuencia organizada dentro del caso Purga. Según su teoría, en la Corte Provincial del Guayas operó una red con vínculos en la política legislativa, la justicia y el narcotráfico.

Los supuestos líderes de esa organización, según la fiscal Salazar, fueron Pablo Muentes, exasambleísta socialcristiano; Fabiola Gallardo, expresidenta de dicha Corte; y el juez Jhoan Gustavo Marfetán. Pero durante su intervención apareció otro personaje: Mayra Salazar.

Esta relacionista pública es procesada en Metástasis, del que se desprende Purga. Salazar ha sido identificada como la pareja sentimental del narcotraficante Leandro Norero (+) y como la persona que ubicaba a los jueces suicidas que trabajaron para el capo.

Ahora Muentes también fue relacionado con ella. Según la fiscal, el exasambleísta pagó el salario de Salazar por encargo de Gallardo para que trabajara como relacionadora pública en la Corte del Guayas. Sobre el político, la fiscal aseguró que fue el financista de la campaña de Gallardo para llegar a la Presidencia de esa corte. Ambos pagaron el sueldo de Salazar, hasta que ella fue contratada por la Judicatura. La fiscal sostiene que, gracias a esos favores, Muentes tuvo beneficios en sus procesos judiciales particulares. Alias Fito, líder prófugo de Los Choneros, y Daniel Salcedo, procesado en Metástasis, también aparecen en esta organización.

De los 12 procesados, nueve están en prisión preventiva, según lo dispuso el juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia. Entre ellos, están Muentes y Gallardo. Otros dos involucrados recibieron medidas alternativas y uno de ellos, arresto domiciliario.

Plan V publica la transcripción completa de la teoría de la Fiscalía como un registro histórico de otro de los casos de corrupción judicial y narcopolítica más importantes del país. A partir de este momento, inicia la intervención de Salazar.

Grupos de delincuencia organizada se han tomado el control de la justicia

Señor juez, sin duda, en los últimos meses el Ecuador ha entrado en un tratamiento intensivo por la metástasis que atraviesan sus instituciones, sobre todo las del sistema de justicia, que necesitan a toda costa recuperarse. Esta intervención demanda la desarticulación de grupos de delincuencia organizada que han tomado el control de nuestra justicia y han trascendido a lo largo de la historia del país, gracias al ambiente de impunidad dominante que las ha permitido fortalecerse y enquistarse en nuestra sociedad, atentando, inclusive, a intereses directos de todos los ecuatorianos. Más adelante vamos a ver el porqué.

Se han beneficiado de los recursos y fondos de todos los ecuatorianos. Estas agresiones, como nos ha enseñado el caso Metástasis, en el que uno de los ahora procesados también es procesado, surgen de la unión de dos armas letales para toda institución democrática: la corrupción judicial y la delincuencia organizada.

Esta vez, la corruptela se genera desde las más altas esferas de la política legislativa, quienes han puesto a su servicio -y obviamente porque no está separado tampoco en esta estructura, a las del narcotráfico- toda la administración judicial de una de las provincias más importantes del país. Me refiero a la provincia del Guayas.

¿Pero por qué esta provincia, señor juez? Vamos a analizarlo. Si usted se da cuenta, desde hace muchos años, la criminalidad vinculada a los seudos políticos -porque no son políticos, sino delincuentes- y al narcotráfico, han permitido que en distintos lugares del país persistan entornos favorables a economías criminales que han encontrado en la corrupción judicial un vehículo de operación muy rentable.

Pablo Muentes pagó el salario de Mayra Salazar por encargo de Fabiola Gallardo

Así, entre los años 2022 y 2023, los hitos más dramáticos, escandalosos y absurdos sobre decisiones judiciales que mantenían en asombro a toda la sociedad han tenido lugar en dicha provincia. Y, ahora, tenemos la oportunidad de evidenciar que no era una casualidad, que esta provincia sea el epicentro de la desnaturalización del derecho y no por falta de conocimiento.

¿Por qué digo esto, señor juez? En las elecciones del 7 de febrero del año 2021, el ciudadano Pablo Bolívar Muentes Alarcón fue elegido como asambleísta por dicha provincia. Casi un año después de su posesión, la Corte Provincial de Justicia (del Guayas) iniciaba también el proceso de elección de su máxima autoridad, siendo entonces designada en el año 2022 la jueza María Fabiola Gallardo Ramia. Gracias, eso sí, al trabajo comunicacional realizado por la ciudadana Mayra Salazar, quien se encontraba a cargo de su campaña. Y que por este trabajo, la señora Fabiola Gallardo, siendo una funcionaria judicial, desembolsaba -de forma particular- 2.500 dólares mensuales para que lleve a cabo esta tarea.

Más adelante, vamos a ver cómo después de cuatro meses que ella le pagó el salario a Mayra Salazar, asumió este desembolso el señor Pablo Muentes. Y más adelante, una vez posesionado el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, le otorgó un contrato y la pretensión era darle un nombramiento para que la señora Mayra Salazar no esté al servicio de la justicia, sino al servicio de aquello que vamos a ver.

Es aquí donde surge el vínculo de conformación de la cúpula de delincuencia organizada. ¿Y por qué? Porque en ese entonces, Pablo Muentes ya tenía una relación cercana con dos jueces provinciales: la señora María Fabiola Gallardo Ramia, en ese entonces presidenta de la Corte, y el ciudadano Jhoan Gustavo Marfetán Medina, juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Guayas.

Como consecuencia de este nexo, Mayra Salazar es contratada -como ya referí- en primera instancia por Pablo Muentes (aquí la fiscal explicó que Muentes asumió el pago del salario de Salazar, por encargo de Fabiola Gallardo, para que sea la relacionista pública de la Presidencia de la Corte del Guayas). Es que la Fiscalía todavía no alcanza a entender cuál es la labor de una relacionista pública en un despacho judicial, ¡vaya usted a saber!

Así, estos honorarios -aquellos 2.500 dólares- fueron pactados en el domicilio de Pablo Muentes. (Como) ya había referido, de dichos pagos se encargó en primera instancia Fabiola Gallardo y posteriormente los asumió Pablo Muentes. Y aquí hago una reflexión, ¿cuánto gana un funcionario judicial? Alrededor de 4.000 dólares, pero tiene 2.500 dólares mensuales para desembolsar a su relacionista pública y en efectivo. Además, ¿de dónde salen esos dólares?

Es decir, una jueza y luego un asambleísta (asumieron estos pagos). También, ¿cuánto gana un asambleísta para asumir el costo de una funcionaria que no estaba a su servicio, supuestamente? Porque el lugar de trabajo era en la Corte Provincial de Justicia (del Guayas), pero era el asambleísta quien asumía el costo de estos rubros. Como ya se cansaron y tuvieron la coyuntura de que haya asumido la Presidencia del Consejo de la Judicatura otro ciudadano que también será parte de esta trama (se refiere a Wilman Terán), le dieron la oportunidad a la justicia (para que) pague los honorarios para las actividades particulares. Ahí ya se afectan los fondos de todos los ciudadanos.

Los tres líderes de la organización delictiva en la Corte del Guayas

Sin embargo, lejos del rol convencional que tendría una publicista, la contratación de Mayra Salazar estaba destinada a instrumentalizar una dinámica criminal, cuyos fines giraban en todo el control completo de la Corte Provincial del Guayas, tanto en las decisiones judiciales, en los sumarios, en los cambios administrativos, así como la generación de la impunidad por intereses ilegales de Muentes, Gallardo y Marfetán.

De esta forma, tendríamos claramente entonces ubicado a un grupo estructurado de tres personas que ejercían el mando. (Se trata de) Pablo Muentes, en la dirección; y Fabiola Gallardo y Jhoan Gustavo Marfetán, en la planificación para la comisión de delitos graves, cuya finalidad perseguida era claramente el beneficio económico, por medio de la destrucción de la administración de justicia, utilizando además troll centers en defensa de las críticas que levantaban los ciudadanos por las decisiones judiciales direccionadas a su favor, tratando de maquillar y de manipular a la opinión pública. Es que tiene de todo este caso.

La fiscal Diana Salazar acusó a 12 personas por el delito de delincuencia organizada en el caso Purga, derivado de Metástasis. Foto: Fiscalía General del Estado

Muentes y el Banco Pacífico

No obstante, señor juez, como es común en todo grupo criminal, la cúpula necesita de varios colaboradores con el fin de poner en marcha sus pretensiones delictivas. Así, se hicieron presentes distintas intervenciones en algunos casos funcionarios judiciales y en otros casos, funcionarios públicos y privados, que han ayudado en beneficio de esta organización.

¿A qué causas me refiero? Vamos por orden, porque tenemos listas de causas. Primera causa, muy conocida por los ecuatorianos, la del Banco del Pacífico. Como un hecho previo de vital importancia para entender este caso, en los años 1989 y 1999, el Banco del Pacífico otorgó préstamos a los cónyuges Mónica A. B. y Pablo Bolívar Muentes Alarcón, cuya falta de cancelación de estos valores provocó que la entidad financiera inicie y ejecute los respectivos procesos de cobro, como es usual en una entidad financiera frente a un moroso.

No obstante, el 13 de julio del 2020, los referidos cónyuges interponen una acción de habeas data en contra del Banco del Pacífico, pretendiendo justificar su presunto pago de las referidas deudas con la utilización de notas de crédito aparentemente falsas o adulteradas. Bajo la intención de que el banco reconozca la cancelación de la deuda y que pague a Mónica A. B. y Pablo Bolívar Muentes Alarcón los valores por daños causados, ascendiendo estos a la cantidad de 4 millones de dólares aproximadamente. Para ser más exacta 3’983.040 dólares.

Para hacerlo fácil, señor juez, le otorgan un crédito a la cónyuge del señor Muentes y a él por 383.000 dólares. No pagan la deuda, les cobran, pero hacen registrar unas notas mediante el abuso que un habeas data y resulta que el que debía recibir el pago termina siendo el deudor, y es combinado a pagar 3’983.040 dólares.

Pese a la evidente ilegalidad del proceso de habeas data, el juez de la Unidad Penal Norte 2, del cantón Guayaquil de ese entonces -porque ya vamos a ver cuál fue el beneficio que recibió en ese entonces el doctor Reinaldo Efraín Cevallos Cercado y aquí viene su rol-, el 5 de noviembre del 2020, acoge la pretensión de los demandantes y dispone al Banco del Pacífico registrar los documentos de pago falsos en sus asientos contables, así como el resarcimiento económico a los presuntos afectados.

Lo increíble de esto, señor juez, es que como recompensa por dicha decisión, el ciudadano Reinaldo Cevallos, posteriormente -no se demoraba mucho-, solamente cuatro días después de haber emitido la última resolución de ejecutoría en esa sentencia en el año 2023, fue designado como juez provincial del Guayas. Ahí está el beneficio. Y el 9 de mayo del mismo año, pese a que no cumplía los requisitos para dicho cargo por haber sido destituido de su función como juez y mantener varios sumarios administrativos abiertos, pues a esa fecha el grupo estructurado ya se encontraba operando, conformado y ocupando altos cargos de poder y, sobre todo, de decisión sobre la administración de justicia.

Sin embargo, el caso no termina con la decisión del señor juez Cevallos, del juez premiado por esa decisión. Como era obvio, el Banco del Pacífico presenta su respectiva apelación, cuyo conocimiento recae en otro de los integrantes de esta estructura. Me refiero a Jhoan Marfetán, Guillermo Valarezo y Víctor Vargas, quienes ratificaron la sentencia de su inferior.

 ¿Y qué pasa después? El Banco del Pacífico, viéndose perdido ante las ilegalidades en este proceso de habeas data, decide interponer un juicio de falsedad de instrumento privado respecto de las notas de crédito irregulares presentadas por Mónica A. B. y Pablo Bolívar Muentes Alarcón y que, dicho sea de paso, todas estas estrategias judiciales iban acompañadas de una campaña de comunicación que más adelante vamos a ver y a escuchar a través de este troll center que era manejado por la señora Mayra Salazar, funcionaria de la Corte Provincial, pero que le ayudaba a limpiar la imagen de los ciudadanos.

Esta demanda recae en conocimiento entonces de la jueza civil Silvia Orozco Vizueta, quien decide declararla sin lugar. No obstante, el Banco del Pacífico apela esta resolución, siendo el tribunal conformado por Alfonso Ordeñana, Nelson Mesías, José Murillo y Lino Tumbaco, los que deciden rechazar el recurso presentado y ratificar la decisión de la jueza de primer nivel por medio de voto de mayoría de los últimos dos jueces. El juez Ordeñana no quiso formar parte de esta estructura.

¿Pero cómo se conformó este tribunal, señor juez? En un primer momento, el ponente fue el juez Ulises Manuel Torres, quien no aceptó tampoco. Ni Ordeñana ni Torres aceptaron colaborar con las pretensiones de esta cúpula criminal. Por este motivo, Pablo Muentes solicitó a Fabiola Gallardo y a Mercedes Villarreal -quien a la fecha se desempeñaba como directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas-, que por medio de un traslado administrativo se cambie al juez Ulises Manuel Torres a otra sala de la Corte Provincial de Guayas. (Esto) porque no se acogía a la decisión del líder de esta estructura y poniendo a uno que sí, al señor Lino Tumbaco Ramos Alberto, tal como consta en una acción de personal. Lino Ramos fue designado o movido a esa sala únicamente para ratificar esto.

¿Y cómo esperaban que caiga en esa sala? Más adelante, durante el desarrollo de la instrucción fiscal, van a ver cuál fue la metodología que utilizaron para desencriptar, para entender cómo funciona el sistema de sorteos de la Corte Provincial. Y ahí viene que la señora Mayra Salazar se dedicó durante 15 días a observar el ingreso de cada una de las causas hasta entender cómo funcionaba el sistema.

De esta forma, señor juez, el líder del grupo criminal y su cónyuge, la colaboradora, por medio de tráfico de influencias, de cohecho y prevaricato, obtuvo un beneficio económico de alrededor de 4 millones de dólares manipulando, jugando a su antojo con la justicia, con la colaboración y anuencia de funcionarios judiciales de la provincia del Guayas, pero no con un funcionario de nivel menor, con la anuencia de la presidenta de la Corte, con la anuencia de los jueces que se encuentran el día de hoy en esta sala de audiencias.

Valores que, por obvias razones, saldrían de los ahorros lícitos de los ciudadanos, afectando también directamente a los bolsillos y, por consiguiente, al Estado, porque debemos tener en cuenta que el accionista mayoritario del Banco del Pacífico es la Corporación Financiera Nacional, que es una entidad estatal que tiene fondos de todos los ciudadanos.

El juez Javier de la Cadena ordenó la prisión preventiva de Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y otras siete personas.  Otros dos involucrados recibieron medidas alternativas y uno de ellos, arresto domiciliario. Fotos: Fiscalía General del Estado

Un conflicto de tierras y el dúo Muentes-primo

Sin embargo, debería ser suficiente para tener un caso, pero este no es el único en el que han acudido ilegítimamente a un habeas data con la finalidad de obtener beneficios económicos. De hecho, la misma dinámica se ha replicado en otros escenarios como la apropiación ilegítima de tierras, en donde el factor común, además de la ya replicada modalidad delictiva, es la familia: el dúo Muentes-Alarcón.

¿Por qué? Y ahora paso al rol del señor Fausto Alfonso A.G. Este ciudadano, primo de Pablo Muentes, acude a la figura también de un habeas data con la finalidad de apropiarse de varias hectáreas de terreno que no le pertenecían de forma legal. ¿Cómo empezó todo? Esto inicia con el terreno perteneciente a la familia de apellido Ramírez Nieto y que tenían un inmueble, un terreno, ubicado en el cantón Durán, en la provincia del Guayas, cuya ficha catastral, número 401, se encontraba adjudicada al código catastral 1.6.24.0.0. Con detalles para que no digan que la Fiscalía se inventa o persigue. Su último propietario registrado es la compañía Royal Technologies.

No obstante, sin ninguna explicación, aparece una nueva ficha catastral, registrada con número 31, con el mismo código catastral del predio antes mencionado. Este documento se encontraba, nada más y nada menos, que a nombre del primo del señor Pablo Muentes, sin que éste conste en el trato sucesivo de compras-ventas del código catastral 1.6.24.0.0. Es decir, señor juez, la ficha número 31 no contaba con soporte documental que la legitime.

Pese a esto, la jueza Andrea Manosalvas, paradójicamente, ordena anular la ficha inicial, la 401, la que tenía todo el antecedente, que sí contaba con ese trato sucesivo de transacciones del mencionado terreno, y en su lugar, decide legitimar el predio a nombre del primo del señor Muentes, el otro colaborador. Y eliminar toda la información generada dentro de esa ficha legítima 401, a partir de la aparición de esta nueva ficha, la 31.

De esta forma, Alfonso Fausto A.G. obtuvo una propiedad cuyo avalúo catastral oscila entre los 200 mil dólares, beneficio económico de la organización, pese a que su actividad laboral se centra en la venta de sándwiches de cerdo en Guayaquil, cuyas ganancias no le permitirían adquirir un inmueble de estas características. Pero no se trata de que si le permiten o no le permiten adquirir un inmueble de estas características, es que no le correspondía, porque no realizó ninguna operación, ninguna transacción, únicamente hizo uso de la influencia del líder de esta organización.

Es así señor juez que, por medio de un habeas data correctivo, una jueza dispone rectificar información catastral contenida en archivos públicos, eliminando los mismos. Lo cual evidencia que no sólo las famosas desnaturalizaciones de los habeas corpus han servido como herramienta para la delincuencia organizada, sino que también se valían de habeas data para apropiarse de bienes que legítimamente no les pertenecen. Pues para todo conocedor del derecho es sabido que, a través de una acción constitucional de habeas data, no es posible anular el derecho de propiedad sin un juicio civil de por medio. Pero, en Guayas todo era posible. ¿Por qué? Gracias al control del grupo criminal que mantenía en la administración de justicia en la provincia de Guayas.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército utilizó la red de Muentes, en Guayas, para un caso en Quito

Y seguimos. Este no fue el único proceso por medio del cual este grupo se benefició tanto material como económicamente a través del control de la administración de justicia de esta provincia. Hay otro caso y esta vez lamentablemente con la intervención del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Resulta que en el año 2022, esta institución, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, presenta una acción de protección con medida cautelar en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del cantón Quito. Solamente, escuchen la ciudad, Empresa Metropolitana del cantón Quito, pero presentan la acción de protección en Guayas. ¿Por qué presentan en Guayas?

En donde se encontraban en juego nada más y nada menos que 30 millones de dólares provenientes de un contrato de repavimentación entre estas dos entidades públicas. En primera instancia, la jueza Larissa Ibarra de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón declara sin lugar la referida acción constitucional, provocando que la misma sea apelada por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

No les dio la razón. ¿Y por qué no les dio la razón? Porque todavía no participaban los integrantes de esta cúpula, pero ya vamos a ver cómo realizar el trabajo. Es aquí en donde los jueces provinciales, Fabiola Gallardo, Guillermo Valarezo -y aquí viene el rol de Guillermo Valarezo- y Henry Robert Taylor Terán llegan a conocer este proceso y revocan la sentencia de primera instancia y aceptan esta acción de protección.

Decisión que se emitió a cambio de una dádiva, de un beneficio material, que debería avergonzar tanto al Cuerpo de Ingenieros, como a los jueces de toda la provincia, a los funcionarios judiciales. ¿Por qué? Pues lo que solicita la señora Fabiola Gallardo a cambio de este fallo es la remodelación del piso del salón de la presidencia de la Corte Provincial del Guayas, de esas pequeñeces.

Por esto, por orden de Fabiola Gallardo, la relacionista pública contratada y pagada por Pablo Muentes, fue la encargada incluso de seleccionar el piso a usarse en la remodelación, el que esté más actual, el que más le guste a la señora Gallardo, y cuya compra e instalación fue pagada precisamente por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Lo dicho se puede comprobar con fotos que más adelante vamos a ver de los materiales para la obra, así como la transferencia realizada, un soborno con transferencia y luego dicen que los sobornos no se depositan en las cuentas, nada más y nada menos que por la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros, la señora Ruth Catalina S.P., por la mísera cantidad -porque se ensucian las manos, por la mísera cantidad, pero es un delito, aunque sea un dólar- de 1.400 dólares destinados al pago de la mano de obra. Pagarle el piso, le pagan la mano de obra y le perjudican con 30 millones de dólares a la empresa metropolitana. Así se maneja la justicia.

Es decir, una entidad pública favoreciendo a un grupo de delincuencia organizada dentro de la administración de justicia. Y es que esto no queda ahí. También con la participación de la exvocal suplente del Consejo de la Judicatura y que renunció hace un par de días (se refiere a Elcy Celi). Ella fue la operadora en este caso. Porque como usted ve, se van mencionando personas que todavía no han sido vinculadas en esta instrucción. Este solo es el principio.

Archivo de sumarios administrativos e intervención de Muentes en la elección de autoridades judiciales

Pero, señor juez, este control que poseía el grupo criminal no solo alcanzaba a manipular las decisiones jurisdiccionales, sino que también se extendía al ámbito administrativo de la justicia en Guayas. ¿A qué me refiero? El poder político, representado a través de Pablo Muentes, procuraba mantener a los miembros de la delincuencia inmunes a sanciones administrativas, garantizando de esta forma el control de la función judicial.

 Así, se preocupaba, por ejemplo, como un buen padre, como un buen líder de la estructura criminal, por supuesto, de que los sumarios administrativos iniciados en contra de Fabiola Gallardo no afectaran el desempeño de sus funciones, para lo cual contaba con la colaboración de la directora provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas, Mercedes Leonor Villareal Vera, y de su asesor y mano derecha, Saúl Mera. De esta forma, dos de los cuatro sumarios administrativos activos al año 2023 ya habrían sido archivados.

No conforme con esto, la visión directiva del grupo criminal se proyectaba mantenerse en el tiempo buscando el control de la siguiente administración de la Corte Provincial de Guayas. Para el efecto entonces, era necesario brindar el apoyo en campaña a uno de los candidatos a suceder a Fabiola Gallardo, y que obviamente responda a los intereses del líder de esta estructura.

Siendo elegido entonces el señor Hugo Manuel González Alarcón, a quien gracias a la gestión de Pablo Muentes, por medio de los ya nombrados Mercedes Leonor Villarreal y Saúl Mera, gestionaron la implementación del timbre electrónico para todos los jueces de la Corte Provincial del Guayas como una oferta de campaña del referido candidato. Es que así se manejan en la Corte. Entonces les regalaban un jarro, les daban una agenda para cooptar el voto de los jueces.

Contribución que desembocó -claro, funciona en las estrategias de la señora Mayra Salazar en campaña- en la elección del señor juez Hugo Manuel González Alarcón como nuevo presidente de la Corte Provincial del Guayas, quien, ojo, continúa ejerciendo dichas funciones hasta la presente fecha. Es decir, esta estructura continúa utilizando a sus alfiles, a la justicia como una herramienta de beneficio privado, y no sólo para sus intereses, sino también para los del narcotráfico. Y ya vamos a ver por qué.

Si bien el manejo de la justicia, de la maña de este pseudo político, porque no se puede llamar político, porque no está al servicio de los ciudadanos, sino únicamente le cabe el calificativo de líder de una estructura criminal y que ya es cuestionable, era usarla para beneficiar al narcotráfico y que devela el actual estado de putrefacción a la que han conducido a la administración de justicia y, por supuesto, que le arrastra también al legislativo de ese entonces por los malos elementos.

Los beneficios de la red a alias Fito y la llamada a la fiscal

Es aquí donde se verifica nuevamente esta relación tripartita entre la política o la pseudo política, la justicia y el narcotráfico que campea en nuestro país. Pues el ciudadano, ahora prófugo, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, encontró en los miembros de esta delincuencia los aliados perfectos para beneficiarse a través de las decisiones judiciales de la Corte Provincial del Guayas controlada por ellos. ¿Cómo se gestaban estos beneficios y quiénes fueron sus aliados? El país tiene que saber y usted, señor juez, porque ellos sí conocen.

Todo parte del traslado de alias Fito desde la cárcel Regional de Guayaquil hacia la cárcel de máxima seguridad, conocida como La Roca, hecho que fue realizado el 13 de agosto del año 2023. A partir de este evento, el narcotraficante sentenciado, líder de Los Choneros, alias Fito, apela a la decisión de su cambio ante el juez de garantías penitenciarias, Diego Rafael Poma, que dicho sea de paso, la señora Fabiola Gallardo, que llegó a conocer la causa, ya prevaricaba en los chats con Mayra Salazar y decía que Poma tenía razón.

Y acepta la pretensión (Poma) y dispone entonces el regreso al centro de privación de libertad donde cumplía la condena. No en la cárcel de máxima seguridad, sino en la cárcel donde él era rey, líder y gobernaba a sus anchas. A partir de dicha decisión, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores (SNAI) apeló el retorno de Fito a la cárcel Regional de Guayaquil. (El conocimiento de esta causa) radicó en la sala integrada por Fabiola Gallardo, Henry Morán y Reinaldo Cevallos, nuevamente. Este último recordado por su intervención en el habeas data, en el que benefició al líder de la estructura con los cuatro millones de dólares, en el caso Banco Pacífico, pero como fue promovido, fue ascendido, fue beneficiado en agradecimiento de eso, también le tocaba conocer la causa de alias Fito.

Así, al tener bajo su control la decisión de retornar a un máximo líder de un grupo narco delictivo y de los más violentos del país al centro de rehabilitación social que controlaba, la señora jueza Fabiola Gallardo habría emprendido gestiones para contactar. Es que aquí, señor juez, no es que alias Fito contacta a la señora Fabiola Gallardo, ella contacta a alias Fito. La jueza busca el nexo con el delincuente, a través de su abogado Ronald Francisco Cantos, donde hubo varias razones de procurar un beneficio a cambio de su decisión. Empezaba a gestar el camino para aceptar, para confirmar esa decisión, y no aceptar la apelación del SNAI.

Con este antecedente, se fija la audiencia de apelación para el miércoles 20 de diciembre a las 08:10, a fin de resolver la situación penitenciaria de alias Fito, y ya lo voy a contar más adelante, señor juez, que tuvo la audacia la señora Fabiola Gallardo de contactar a la Fiscal General por este caso.

Sin embargo, luego de haberse dado el operativo del caso Metástasis, en donde la relacionista pública de la jueza, Fabiola Gallardo, fue detenida, sorpresivamente la diligencia no se instaló, porque la señora Mayra Salazar le mandó a decir que no haga esa audiencia porque en los teléfonos está la evidencia que la vinculan a ella con esa causa, la trataba de proteger.

Pero, de manera tardía, la funcionaria judicial intentó excusarse con la finalidad evidente de deslindarse de estos hechos y buscar su impunidad. Y además, voy más allá, sorpresivamente, la semana anterior, soy contactada con la señora Fabiola Gallardo, cuando nunca en su vida lo había hecho, y refiere estar preocupada porque la audiencia de señor Fito no se ha instalado.

Le pregunto, señora jueza, ¿la Fiscalía ha faltado a una audiencia? No, es el SNAI. ¿Y por qué llama a la fiscal? ¿Qué tiene que ver la fiscal? Estaba tratando de justificar su relación con el expediente, porque fue socializado por parte del abogado de la señora Mayra Salazar, quien iba a entrar en un proceso de cooperación con la Fiscalía. Entonces, todos estaban preocupados, dos de las personas trataban de contactar a la fiscal para evitar este hecho. Esa es la transparencia con la que estamos.

Salazar, Salcedo y Muñoz

Entonces, pasando a otro tema, existiendo de esta manera suficiente evidencia que determina la toma de la justicia a todo nivel, también se cuenta con evidencia de las conversaciones que mantiene Mayra Salazar con Daniel Salcedo, otro procesado en el caso Metástasis. En estas conversaciones, Salazar da cuenta de los arreglos en los sorteos de las causas judiciales por medio del exvocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz. Es que todo concluye entre ellos.

Conclusión de la fiscal

Como usted podrá apreciar, señor juez, en nuestro país persiste una forma equivocada de hacer política, caracterizada por la intromisión indebida entre los poderes públicos, legislativo y judicial. Prueba de ello es la pretendida aprobación de aquellas reformas que iban a limitar la acción de la Fiscalía, porque de haberse dado estas reformas, cuyos abogados que están sentados ahora son los mayores defensores, pretendían que la Fiscalía ponga al servicio de la Asamblea Nacional las investigaciones que de forma reservada y acertada las venimos manejando. Ese es el éxito en la investigación: doce personas privadas de la libertad que esta vez no tuvieron la oportunidad de ser alertadas por quienes luchan por la delincuencia. No es venganza, es acción con los elementos encontrados hasta este momento procesal.

Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se han mantenido en la opacidad estas relaciones hasta el día de hoy, pues se han utilizado al órgano legislativo y a la justicia, una vez más, como un eslabón de la institucionalización de grupos de delincuencia, que convierten a la ley en su moneda de cambio para obtener réditos económicos, políticos, privando a todos los ecuatorianos y, sobre todo, a los guayasenses de una independencia judicial plena y, sobre todo, que han llevado al país a estar de rodillas frente a estas organizaciones criminales.

Pues hemos sido testigos, con asombro, cómo han liberado, cómo han beneficiado a los líderes de las estructuras criminales y, casualmente, todas esas resoluciones se gestaban en dicha provincia.

Esta realidad, lamentablemente, de nuestro sistema judicial ha tenido como sus protagonistas a las garantías jurisdiccionales que, lejos de servir como herramientas efectivas para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, han sido aprovechados para sumergir en nuestro país en un estanque contaminado de (inentendible) disfrazados de jueces, que incluso han provocado que la Corte Constitucional del Ecuador, en su última sentencia 12-23-JC/24, del 28 de febrero del presente año, tenga que aclarar lo evidente y advertir sus claras conductas delictivas al fin de que estas acciones que traen consecuencias nocivas a la estructura y a la confianza ciudadana en la justicia no vuelvan a ocurrir. Sea por debilidad institucional, o sea, como es el caso que estamos viendo el día de hoy.

Todos estos hechos, señor juez, se subsumen en el delito de delincuencia organizada, tipificado y sancionado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, pues resulta más que evidente la conformación de un grupo estructurado de tres personas que por medio de su liderazgo, planificación y gestión, controlaron el sistema de justicia de la provincia de Guayas y que gracias a la colaboración de funcionarios judiciales y terceros que obedecían a sus intereses, incurriendo además en la planificación y comisión de varios delitos sancionados con penas privativas superiores a los cinco años.