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18 de Julio del 2023
Historias
Lectura: 22 minutos
18 de Julio del 2023
Redacción Plan V
3 de cada 10 presos han sido reincidentes y están en las cárceles más grandes de Ecuador
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El censo se realizó entre el 22 de agosto y el 10 de diciembre de 2022. Los centros más violentos, como la Penitenciaría del Litoral, fueron censados al final. Foto: SNAI

 

El censo penitenciario muestra por primera vez una fotografía sobre los altos niveles de reincidencia en las cárceles del país y, al menos, uno de cada 10 privados de libertad -que hoy son mayores de edad- estuvo en un centro de adolescentes infractores. La base del censo pasará a ser un registro administrativo del SNAI para su actualización permanente, según el director del INEC.


En Ecuador, tres de cada 10 personas en prisión tuvieron una sentencia antes de volver a un centro penitenciario. Además, 10.937 presos, es decir el 35% del total de la población carcelaria, había pasado por estos centros y la mayoría de ellos (8.533) fueron detenidos entre dos a cinco veces.

El mayor grupo de reincidentes se encuentran en las cárceles más grandes del país. Estas son la Penitenciaría, la cárcel Regional N. 4, ambas en Guayaquil, y en la cárcel de Latacunga, en la Sierra Centro. El principal delito que vuelven a cometer es el robo (4.641 casos), el tráfico de drogas (2.891) y la tenencia y porte ilegal de armas (1.218). Aunque solo representan el 0,15% del total, 50 personas declararon haber sido detenidas más de 20 veces. Estos son algunos de los hallazgos del censo penitenciario, que fue presentado oficialmente el pasado 10 de julio, que confirman la alta reincidencia de los privados de libertad.

Asimismo, uno de los datos más reveladores tiene que ver con que uno de cada 10 privados de libertad estuvo en un centro de adolescentes infractores. Es decir, 2.962 presos que hoy son mayores de edad fueron detenidos en su niñez o adolescencia. Más de la mitad de ellos, se encuentran en los centros penitenciarios de la provincia del Guayas.

Otro de los hallazgos del censo tiene que ver con que el 82,9% de los internos tienen entre 18 y 44 años, y solo el 12% son de nacionalidad extranjera. Además, evidencia la baja escolaridad de las personas que viven en las cárceles del país. En el caso de los hombres, el 51,8% (es decir, 14.673) solo estudió o estudia la primaria. Una cifra similar corresponde a las mujeres, pues el 47,2% (931) están en las mismas condiciones. De igual manera, solo el 37% de la población carcelaria aprobó al menos un año de bachillerato. Es también significante que 629 personas, el 2% del total, no tienen ningún tipo de educación.

En las preguntas sobre la familia de los presos, más del 93% (27.135) reportaron tener una persona a cargo económicamente antes de ingresar a un centro de privación de libertad. En salud, la principal enfermedad que registró el censo es la hipertensión, pues 3.429 privados de libertad la tienen. Esto representa el 11% de la población total.

Le sigue la tuberculosis con 1.457 pacientes (5%). Esta última enfermedad ha causado preocupación por la facilidad de su contagio en un contexto de encierro. Plan V publicó un artículo al respecto, del 7 de marzo de 2022, donde reveló que las masacres y la toma del control de los pabellones por los presos han eliminado los espacios especializados en los que se trataba a los enfermos de tuberculosis.

Sobre su situación procesal, el 83% de los internos tienen sentencias y un 16% aún su proceso está en trámite. El 1% restante (126 personas) no sabe cuál es su situación procesal. Además, 220 presos están más de dos años sin sentencia.

El censo además confirma que el principal delito que registran los internos es el narcotráfico. En total, 7.347 personas han sido sentenciadas por esa causa, es decir el 23%. El robo es el segundo delito más frecuente (5.092 sentenciados), seguido del homicidio/asesinato (3.898), la violación sexual (3.582) y la tenencia y porte de armas (1.167).

El INEC lanzó un visualizador donde aparecen más datos sobre este censo que perfilan con más detalle la población carcelaria. Por ejemplo, el 38% (11.956) reportó trabajar por cuenta propia y el 36% ser empleado u obrero del sector privado.  En ambos casos, la mayoría dijo ser albañiles. Otros oficios que aparecieron fueron vendedores ambulantes y conductores de taxis, automóviles y camionetas. También guardias y mecánicos y agricultores. El 10% afirmó ser jornalero y un 2% se identificó como patrono, donde albañiles y comerciantes de tiendas y cocineros fueron los oficios más frecuentes.

El censo también detalló que 68 personas -de las cuales una era mujer- dijo no tenían cédula de identidad. Y 1.171 personas, de las cuales 97 son mujeres, no tenían ningún documento de identidad o no estaban inscritas en el Registro Civil. De estos, 1.069 son extranjeros y 102 son nacionales. Roberto Castillo, director del INEC, explicó que estos resultados son declarativos, es decir hubo casos en los que los censados no entregaron información. Pero luego pasaron por otros módulos como el de la Policía y allí se confirmaba su identidad por huellas dactilares. Según la autoridad, el 100% de los internos fue identificado (ver entrevista).

Condiciones deficientes en las cárceles

Otra revelación es que 7.180 presos comparten su celda con un promedio de 6 a 10 personas. En el caso de los hombres, el 42,4% de ellos convive con más de 5 personas; mientras que el 70% de las mujeres viven con 5 personas o menos en sus celdas. Sobre la calidad de la infraestructura, casi el 60% de los privados de libertad lo calificó como regular y malo.

Asimismo, el censo confirmó las quejas de los internos respecto a la comida. El 66,5% dijo que la cantidad de alimentos que reciben en las cárceles no es suficiente. Pero en calidad, la crítica fue mayoritaria: el 86% de los internos afirmó que es regular y mala. En la Penitenciaría del Litoral y en la cárcel de Latacunga hubo el mayor porcentaje de cuestionamientos. Hasta enero de 2022, alimentar a la población carcelaria costaba al país $35 millones y la LaFattoria ha sido la empresa que ha estado a cargo de este servicio desde hace una década con y sin contrato.

De igual manera, el 29% de los presos contaron que no cuentan con servicio permanente de agua potable. Esta es otra deficiencia que los internos y sus familiares han denunciado, incluso, desde la inauguración de las mega cárceles. Ese fue el caso del centro de Latacunga. En 2015, Plan V recogió testimonios de dos médicas confirmaron la presencia de afecciones en la piel por causa del agua. Años después la situación se mantuvo y, en un seguimiento periodístico, internos y familiares dijeron a este medio que esto afectaba su aseo y que vivían  en medio de heces.

El censo se realizó entre el 22 de agosto y el 10 de diciembre de 2022. Para levantar información se hicieron entrevistas de 40 minutos con los internos que pasaron por cuatro módulos. Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, explicó en una entrevista con Plan V el proceso, los restos y los pasos siguientes tras el censo.

  ENTREVISTA  

Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC

‘La base del censo ahora se convertirá en un registro administrativo’

Roberto Castillo. Foto: INEC

¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuvieron como institución para este censo?

Una de sus problemáticas (sistema penitenciario) era la ausencia de información. Cada centro no contaba con un sistema de registros de entradas y salidas de los de las personas privadas de la libertad. El antecedente es que existe un fallo de la Corte Constitucional en el cual determina al Estado ecuatoriano que realice un censo, que levante información y que se haga un tratamiento con un enfoque de derechos humanos. Entonces, dentro de toda esa estrategia de rehabilitación (estuvo) levantar esta línea base a la que nosotros la hemos denominado el censo penitenciario.

Ahora el reto para el INEC fue armar desde cero una metodología que consistió en generar un protocolo en conjunto con el SNAI de cómo eran organizados los ppls (personas privadas de libertad) desde sus celdas hasta una zona segura, en la cual cada ppl recorría un circuito de aproximadamente cuatro módulos. Por ejemplo, iban al módulo del INEC. Ahí se formulaba una entrevista cara a cara de aproximadamente 20 minutos. Luego el ppl se dirigía al módulo del Registro Civil para validar su identidad, es decir, para cerciorarse que existía dentro de las bases y coincida con la descripción que tiene en la base de datos de esa entidad. Cuando el ppl no tenía cédula, que de hecho sí existieron algunos casos, o la información declarada no coincidía con las bases de datos del Registro Civil, se lo volvía a cedular. Y con Criminalística, que (estuvo en) otro módulo, se hacía reconocimiento facial, huellas dactilares y una fotografía del iris para confirmar que efectivamente se trataba de esa persona.

En las estadísticas del visualizador se registran más de 1.000 personas sin ningún documento de identidad, principalmente extranjeros, y otras personas que no aparecían en el Registro Civil. ¿Cómo es posible que esto suceda dentro de las cárceles y eso tal vez levantó algunas alarmas en ese momento como para poder corregirlo de alguna manera?

Por un lado, la información que se ve en el censo es una información declarativa, es decir, hay algunos ppls que dijeron que no tenían cédula. Pero abro y cierro comillas. O sea, supuestamente no tenía cédula de ciudadanía, por eso es que cuando fueron al siguiente módulo, se validó efectivamente la identidad. Había, por ejemplo, personas que tenían sus cédulas caducadas. Entonces, ahí se les renovó. Y había personas que, de forma deliberada, y estos son casos aislados, mintieron al INEC al momento de dar o reportar su número de identidad. Pero luego en los siguientes módulos se confirmó efectivamente de quién se trataba. Entonces, esa retroalimentación luego se cargó a la base del Censo Penitenciario. Por eso la importancia de tener al INEC, al Registro Civil y a esta unidad de la Policía Nacional para hacer una validación correcta y técnica de la identidad del ppl.

Finalmente, ¿sí se logró identificar a cada uno de los más de 31.000 privados de libertad que están en las cárceles?

Correcto.

¿En algún momento los privados de libertad se resistieron a contestar algunas de las preguntas?

Complementando la reflexión que hacía hace un momento, el desafío fue armar desde cero un operativo de campo y un banco de preguntas con enfoque de derechos. Hicimos esas técnicas con la entonces Secretaría de Derechos Humanos, tuvimos asistencia del BID y de expertos de Naciones Unidas con enfoque de derechos humanos para poder indagar no solamente las típicas preguntas de características sociodemográficas, sino también hay todo un módulo que permite conocer cómo el ppl se percibe o valora su situación dentro de los centros carcelarios. Por ejemplo, cómo califica el agua, la comida, si tiene o no asistencia médica, psicológica, que era información que no existía. Eso fue un reto.

Ahora, respondiendo a la pregunta de si hubo algún tipo de resistencia por parte de los ppls, en realidad fue todo lo contrario. Nosotros, por ejemplo, antes de ingresar al o antes de arrancar el censo de forma oficial, hicimos una prueba piloto en el Centro de Privación de Cotopaxi. Siempre el INEC, antes de hacer un operativo, tiene fases preparatorias. En esas fases preparatorias se corrige, por ejemplo, el tiempo de diligenciamiento de las preguntas, el protocolo de seguridad. Y ahí fuimos entrenándonos y aprendiendo con nuestro personal a cómo indagar. En realidad, y ahora como anécdota, los primeros días fueron de una emoción por parte de nuestro equipo de tener o sentirse recelosos o temerosos hasta cierto momento porque ves en las noticias que existen matanzas dentro de las cárceles de los centros de privación. Y luego tú tienes que ingresar a un centro de privación para realizar tu trabajo. Así que el reconocimiento al personal técnico del INEC es de sacarse el sombrero.

"Y había personas que, de forma deliberada, y estos son casos aislados, mintieron al INEC al momento de dar o reportar su número de identidad. Pero luego en los siguientes módulos se confirmó efectivamente de quién se trataba".

Y luego en el camino lo que te puedo decir es que la gran mayoría de nuestro personal cambiamos ese prejuicio que teníamos de los ppls, porque al final ellos también se abrieron. O sea, ya cuando vieron que era una entrevista que indagaban sobre cosas que potencialmente nunca les preguntaron sobre cómo se sentían adentro, si tenían hijos, si tenían enfermedades catastróficas. Obviamente la exigencia de ellos (fue esperar) que con esta información se tomen medidas concretas. En síntesis, más bien ha sido una muy bonita experiencia de conocer ese lado humano de las personas privadas de la libertad.

Pero hacia finales del año pasado, cuando estaban en pleno censo, hubo un incidente en la Penitenciaría del Litoral. ¿Cómo manejaron esa situación y qué ocurrió?

Dentro del protocolo y el diseño metodológico del censo siempre se partió de una premisa:  ante todo y sobre todo garantizar la seguridad del personal civil que ingresa a los centros penitenciarios. El INEC hizo un barrido, en total son 36 centros de privación. Los más complejos los dejamos al último, que son los cuatro que están en Guayas. Cuando nos disponíamos a ingresar a este centro de privación (se refiere la Penitenciaría) hubo estos incidentes y, por la Inteligencia del SNAI, suspendimos el censo hasta que las condiciones de seguridad lo permitieron. Se paralizó, si la memoria no me falla, por unas tres semanas o cuatro semanas y luego cuando las condiciones fueron aceptables, ingresamos a estos últimos centros de privación y concluimos nuestro trabajo.

Ahora, antes de que ustedes inicien el censo, esto es en agosto del 2022, había más de 32.000 privados de libertad y el censo terminó con 31.000 y un poco más. Es decir, salieron en seis meses alrededor de 1.000 personas mientras se realizaba el censo. ¿Cómo manejaron ustedes esta población flotante?

El censo, haciendo una metáfora, es una fotografía. Ahora bien, el flujo de entradas y salidas es algo que en este momento el censo hay que verlo como una línea base, es decir, en el momento censal se contabilizaron 31.321 personas. Inmediatamente al día siguiente seguramente ingresó una persona y salió otra. Entonces ahora el reto está en el SNAI porque la base del censo está en su custodia como el gestor y el administrador de esta base de datos, que ahora se convierte en un registro administrativo. El reto que ahora tiene el SNAI, y de hecho mal haría pronunciarme sobre los detalles más específicos, viene desde algunos meses atrás implementando un nuevo sistema de información que lo que hace es una contabilización en tiempo real de las entradas y las salidas de las personas en los diferentes centros de privación.

Es decir, el censo sirvió para armar una base de datos que va a estar actualizada permanentemente sobre la entrada y salida de presos.

Exacto, es la línea base. En los sistemas de información clásicos que existen en otros países que sí tienen los sistemas de información de entradas y salidas, esta es muy sucinta, pues es el nombre y apellido de la persona que ingresó, la causa, sexo, edad y pare de contar. Pero el censo tiene, al menos, entre 50 o 60 preguntas adicionales que permiten hacer un análisis desde un enfoque de derechos humanos. Entonces, ahí voy a la utilidad práctica del censo. El censo de población es una base declarativa de los ppls. Esa base de datos se validó con registros administrativos que ya existen y esa base de datos permitió al Ministerio de la Mujer hacer un análisis para poder identificar potenciales beneficiarios de medidas como, por ejemplo, el indulto que firmó el Presidente de la República (para 130 mujeres presas). En la base de datos se puede saber, por ejemplo, si hay mujeres con hijos dentro de las cárceles, que tenían a su vez una enfermedad catastrófica y con una sentencia en firme y el tipo de delito que había cometido.

Por un lado, se convierte en la línea base para la administración del sistema de carcelario, que es competencia del SNAI, pero por otro lado, es la gran base de datos que en este momento la trabaja el Ministerio de la Mujer para que, con un enfoque de derechos humanos, se pueda dar ciertos indultos bajo condiciones estrictamente apegadas a la ley.

¿Cuándo entregaron ustedes esta base al SNAI?

La base fue formalmente entregada en febrero. ¿Quién es el custodio o hizo de coordinador de todo este proyecto? Fue el Ministerio de la Mujer. Entonces, el INEC entregó la base de datos en febrero al Ministerio de la Mujer y luego este realizó los trámites correspondientes para entregar la información al SNAI. Entre febrero y julio, estas entidades hicieron este ejercicio de validación y depuración o cotejamiento de la información con los expedientes judiciales.

Ahora, ¿las nuevas personas que ingresen a las cárceles van a ser encuestadas con las mismas preguntas del censo?

No está contemplado eso porque el banco de preguntas cumplió un objetivo distinto. Está contemplado, obviamente, que se capten una gran cantidad de variables, pero no en la magnitud o en la extensión que se hizo en el formulario del censo. Esa información del censo la puede descargar en la página web del INEC y puede conocerse con mucho detalle. Ahora bien, solo para precisar, el registro administrativo del SNAI va a ser monitoreado por ellos. En otros países de la región, cada cuatro o cinco años se vuelve a ser un cuestionario ampliado para poder hacer otro tipo de análisis, pero en ese periodo la información que se recepta es más ligera, no tiene tantas preguntas, es así más o menos como funciona en otros países.

El censo contempló alrededor de 150 preguntas, ¿todas estas se encuentran en el visualizador?

No, en el visualizador hemos priorizado las principales características y si quisiera tener una mayor desagregación de la información se lo puede canalizar a través del INEC o directamente también con el Ministerio de la Mujer que en este momento ya es el custodio de la base de datos.

En medio del censo penitenciario, el exdirector del SNAI dijo que al menos 1.000 privados de libertad se identificaban con una banda. En el censo penitenciario, ¿no se preguntó sobre este tema?

No. Esa información no fue levantada en el censo. Obviamente responde a una estrategia metodológica obvia de no estigmatizar a ciertas personas. Algunos, obviamente, tienen afinidad y claramente saben que pertenecer a una a una banda les puede dar seguridad dentro de un pabellón. Pero esos son temas muy delicados que, de hecho con los expertos internacionales, ese tipo de información no fue captada en el formulario. Ahora, sobre las declaraciones del exdirector del SNAI, él tendrá su fuente, desconozco cómo él llega a esa conclusión, seguramente él tuvo información mucho más detallada y conoce cómo esto se desenvuelve. 

GALERÍA
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