“El mundo tiene una deuda con las mujeres, que son la mitad de la humanidad, pero al mismo tiempo ¡son las madres de la otra mitad! Y vamos a gritar con ellas: ¡Ni una menos! ¡Ni una menos!”. En medio de aplausos, Lenín Moreno leyó ese texto, que fue parte de su discurso de posesión del 24 de mayo del 2017. Anunció que dará más atención a las madres abandonadas, a las mujeres violentadas, a los niños huérfanos. Prometió que desde la Vicepresidencia se haría frente a la violencia, a los embarazos precoces, a la exclusión de la mujer.

A medio año de que Moreno termine su mandato, el balance es pobre. Ecuador es uno de los países de la región con la más alta tasa de embarazos prematuros, con una altísima desnutrición crónica y una imparable violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. El peor rostro de ese último problema son los femicidios, que solo en lo que va del 2020 ya pasaron los 101 casos, de acuerdo a los datos de las organizaciones sociales. Según la Fiscalía, la cuenta iba en 67 hasta los primeros días de noviembre.

Esta situación ha derivado en reclamos y campañas de organizaciones de mujeres que han coincidido en que es imposible disminuir la violencia si no hay políticas de prevención. Y una de las grandes deudas que deja el gobierno de Moreno es la falta de recursos para la implementación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en vigencia desde el 5 de febrero del 2018.

La Ley dispuso la creación de un Sistema Nacional para cumplir sus fines, cuya rectoría estuvo a cargo del extinto Ministerio de Justicia, hoy Secretaría de DDHH. Junto a esa cartera de Estado, 15 ministerios e instituciones estatales son parte del sistema.

Pero desde la aprobación de la normativa, las mismas autoridades reconocieron que los recursos del Estado destinados a la prevención de la violencia eran insuficientes. La exministra de Justicia, Rosana Alvarado, en una entrevista con Plan V dijo que solo para casas acogida destinaban alrededor de dos millones de dólares, pero reconoció que eran pocas para toda la demanda nacional de víctimas de violencia.

A la fecha de la entrevista, el 13 de agosto de 2018, Justicia estaba analizando el presupuesto para los proyectos de prevención y atención a las mujeres. Diez días después de la entrevista, Alvarado renunció a su cargo. Dijo que lo hacía para facilitar la transición, luego de que Moreno anunciara que el Ministerio de Justicia iba a desaparecer. Alvarado fue la primera y única ministra de ese ramo en el gobierno de Moreno. Luego, la nueva Secretaría de DDHH asumió sus competencias.

El último reclamo sobre la falta de presupuesto para la implementación de la ley fue la Fiscalía. La fiscal Diana Salazar reaccionó después de una serie de femicidios que se dieron el feriado de noviembre. En cuatro días de asueto se registraron tres crímenes cuando el promedio mensual de este delito en el país es de cinco. En los últimos meses, además, todos los indicadores de violencia contra la mujer y la familia se dispararon, en medio de una pandemia que ha golpeado por todos los frentes a las familias.

“Me uno a la lucha de todas contra la violencia de género, no como fiscal sino como mujer y como madre de una niña”, publicó en su cuenta de Twitter días después de la ola de femicidios. La Fiscalía es una de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional. Hasta mayo pasado, la entidad tenía 180 casos (47%) aún por resolver.

Salazar pidió a Moreno “el presupuesto necesario” para la ejecución de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. E hizo énfasis en la necesidad de políticas enfocadas en la prevención.

Debemos continuar trabajando juntas para prevenir la violencia contra niñas y mujeres. Que no nos maten es el objetivo, porque ninguna sentencia le devuelve la madre, la hija o la hermana a sus familias. https://t.co/hhQ84OdfPb

— Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) November 13, 2020

¿Cuánto ha destinado el Estado a la prevención de la violencia? Es una pregunta con difícil respuesta. Pero se puede tener una aproximación al revisar los presupuestos de las entidades rectoras a cargo de la prevención de la violencia contra las mujeres.

Por ejemplo, el Ministerio de Justicia en el 2017 tuvo un presupuesto total de 135 millones de dólares, divididos en cuatro grandes rubros: el 74% fue para servicios de Rehabilitación Social; un 25% se destinó para la Función Judicial; un 1,24% de todo el monto se destinó a la protección a mujeres en situación de vulnerabilidad y 0,02% a servicios hospitalarios especializados.

Ese 1,24% destinado a la protección de mujeres, en el 2017 representó 1,6 millones. Para el 2018, este rubro bajó e incluso cambió de nombre a “administración, gestión y apoyo a la protección social”. En ese año se destinaron 1,5 millones.

El 14 de noviembre de 2018, Moreno dispuso la creación de la Secretaría de DDHH, en reemplazo del Ministerio de Justicia. Esta nueva entidad no se hizo cargo de la rehabilitación social. Pero sí la erradicación de la violencia contra las mujeres, la protección de los pueblos indígenas, el acceso a la justicia y la ejecución de sentencias y medidas cautelares del Sistema Interamericano de DDHH y del Sistema Universal de DDHH.

En el 2019, la nueva Secretaría tuvo un presupuesto de 18,6 millones de dólares. Al compararlo con los otros ministerios del sector social del Ejecutivo, ese monto apenas representó el 0.24% del presupuesto total de esa área. Un año después, el presupuesto de la Secretaría bajó aún más.

Se prevé que termine el año con 10 millones de dólares, según la ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas. Eso es el 0,12% del presupuesto general del sector social.

Plan V consultó a la Secretaría de DDHH los recortes y asignaciones presupuestarias de los dos últimos años para los programas de prevención de la violencia contra la mujer. En su respuesta por correo electrónico, explicó que la asignación presupuestaria para el gasto corriente de la Subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes fue de 2,1 millones de dólares en el 2019 y en el 2020, 2,4 millones.

Esos montos están destinados a la suscripción de convenios con organizaciones sin fines de lucro para el fortalecimiento de la atención integral a víctimas de violencia de género, como las casas de acogida. Según la Secretaría, en el ejercicio fiscal 2020 suscribió 20 convenios de cooperación técnica y financiera con ONG, que reciben dos desembolsos al año. En el primer semestre tuvieron un pago de 995,715 dólares y en el segundo de 1,005,790.95 dólares. Asegura que el Ministerio de Economía está al día con sus obligaciones.

Pero en lo referente a gastos de inversión, es decir aquellos que incurre el Estado para una obra, proyecto o estudio que beneficie al país, en materia de violencia contra la mujer la asignación es reducida. El presupuesto para el Proyecto para la Prevención de Violencia de Género tanto en el 2019 como en el 2020 fue de 876.862,09 dólares. Pero en este año de pandemia, este rubro sufrió un recorte hasta los 692.861,55 dólares. En el 2020, estaba previsto que el financiamiento de ese proyecto venga del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero eso no sucedió.

La Secretaría de DDHH lo explicó de la siguiente manera: “Esto se debe a los recortes presupuestarios realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas que ascienden a 184.000,54 dólares en virtud al artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) y por el Memorando Nro. MEF-SFP-2020-0316-M en el que la Subsecretaria de Financiamiento Público señala que los recursos del FMI no llegarán”. 

El Proyecto para la Prevención de Violencia de Género tiene como objetivo fortalecer los equipos de atención, prevención y protección de víctimas de violencia, así como apoyar a las casas de acogida y centros de atención integral. Pero su presupuesto de 692.861 dólares es superado con creces por otros gastos públicos. Por ejemplo, el Estado paga seis veces más por arriendo de vehículos, 13 veces más por pasajes al exterior, 26 veces más por libros y colecciones y 37 veces más por materiales de oficina.

En este año, el Gobierno abrió un monto de 59.402 dólares para materiales de peluquería, que equivale a la quinta parte de lo que se destina al bono para niños y niñas huérfanos por femicidio. Solo en este año, 98 menores se quedaron sin su madre. Desde el 2014, ya son 1.084 niños y adolescentes huérfanos, según la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador. 

Plan V también solicitó información sobre la reducción de personal en la Secretaría de DDHH. Una alerta que llegó desde las organizaciones feministas que ven disminuida su capacidad de respuesta. En su carta, la Secretaría dijo que tanto el 2019 como en 2020 ha mantenido 46 servicios de protección integral en todo el país. “Por lo que los servicios y presencia en territorio no se han visto afectados, contamos con 86 profesionales que laboran brindando este servicio”.

Pero en este año sí hubo reestructuraciones. “Como parte de la optimización, la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia redujo el número de las direcciones que estaban a su cargo: antes eran cuatro ahora son dos, con el objetivo de generar un ahorro presupuestario y poder mantener los servicios misionales. Esta reducción de número de nivel jerárquico superior no ha afectado en el cumplimiento de las competencias que a esta Cartera de Estado le han sido encomendadas”, aseguró.

Sin embargo, al revisar los distributivos del personal, hay una reducción mayor. En diciembre de 2019, la Secretaría contaba con 437 funcionarios. Pero en septiembre pasado, ya con la violencia exacerbada por la pandemia, la entidad solo tenía 331 personas. Las áreas más afectadas fueron las direcciones zonales, desaparecieron cuatro de las nueve, y en su lugar se crearon oficinas técnicas. Las que se quedaron con menos personal fueron la Zonal 2 que corresponde a Pichincha, Napo, Orellana y la Zonal 9 que es el Distrito Metropolitano de Quito.

Al ser un año electoral el 2021, el presupuesto del 2020 se prorrogará con los ajustes realizados durante la pandemia. Lo que da escasas esperanzas a una mejora en los rubros para la prevención de la violencia. La tarea será del nuevo Gobierno.