La jueza de la Corte del Distrito Sur de Florida, Kathleen Williams, aprobó este martes, 14 de junio, un pedido del fiscal Juan Antonio González para que cierta información en el proceso del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit sea declarada como confidencial durante la etapa llamada como descubrimiento o discovery en inglés.

El descubrimiento es un periodo previo al juicio en el cual ambas partes, acusador y acusado, intercambian información sobre los hechos del caso. Este proceso puede ser largo. Dependiendo de complejidad del mismo, esta fase puede tardar desde varios meses hasta más de un año en completarse, pero el fiscal González ha adelantado que buscan encontrar una pronto resolución para acelerar el juicio.

En este caso, el descubrimiento incluye, entre otras cosas, cientos de miles de páginas de correos electrónicos y registros de docenas de cuentas bancarias que involucran a Pólit y sus asociados, y que contienen datos personales. También hay registros proporcionados por Odebrecht o por testigos confidenciales del Gobierno de EE.UU.

El fiscal González explicó que muchos de esos correos electrónicos contienen información de identificación personal de los asociados del acusado y/o de sus familiares, donde hay fechas de nacimiento y números de la Seguridad Social. O también son correos que contienen otro tipo de información sensible. González solicitó que esta información sea declarada confidencial, así como los documentos que ha proporcionado Odebrecht.

“Por último, la divulgación pública de los registros proporcionados por Odebrecht y/o los testigos confidenciales puede afectar a las investigaciones gubernamentales en curso. Dado el volumen de información sensible en este caso, no es factible que el gobierno la redacte”, añadió González en su pedido al que tuvo acceso PlanV.

El fiscal solicitó a la Corte que dicte una orden que regule la divulgación de dicha prueba a la contraparte, es decir a la defensa de Pólit bajo algunos parámetros. El primero, los fiscales del caso revelarán toda la información sensible al acusado para cumplir con su obligación durante la fase del descubrimiento.

Asimismo, marcarán las partes sensibles como “confidenciales” y los abogados de Pólit deberán mantenerlo de esa manera. Solo podrán revelarlo a su cliente, al personal de la oficina, a los investigadores, a los asistentes jurídicos independientes, a los proveedores, a los consultores, y a los testigos de hecho o expertos anticipados sólo en la medida en que los abogados de la defensa crean que es necesario para ayudar a la defensa de Pólit en ese caso. Los juristas deberán entregar una copia de la orden de confidencialidad a quienes entreguen la información.

“Los abogados del expediente acuerdan que, una vez concluido el caso arriba mencionado, las copias de la parte confidencial de la información revelada a los abogados de la defensa de acuerdo con los términos de esta orden serán destruidas o devueltas a los Estados Unidos”, dice el texto de la moción.

González informó que se puso en contacto con el abogado de Pólit, Howard Srebnick, quien no se opuso a esta solicitud.

La jueza Williams aceptó la propuesta del fiscal González, quien recordó que “este es un caso de lavado de dinero que involucra más de diez millones de dólares en supuestos sobornos al ex Contralor General de Ecuador por parte de Odebrecht y otros”.

El fiscal González, en un escrito previo presentado el pasado viernes, había informado que estaba listo para entregar toda la información que tiene del caso a la defensa de Pólit, pero que necesitaba primero tener una orden de protección para la información que regule la entrega de la información sensible.

Durante la etapa del descubrimiento, la defensa de Pólit accederá a “libros, papeles, documentos, fotografías, objetos tangibles, edificios o lugares que el gobierno pretende utilizar como evidencia en el juicio para probar su caso en particular, o que fueron obtenidos o pertenecen al acusado pueden ser inspeccionados en un momento conveniente para ambas partes en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos”, en Florida.

También, los investigadores revelarán cualquier pago, promesa de inmunidad, indulgencia, trato preferencial u otros incentivos hechos a posibles testigos del gobierno, o cualquier condena a un presunto co-conspirador, cómplice o informante que testificará para el gobierno en el juicio.

Según la acusación formal, en este caso existen tres co-conspitadores. El co-conspirador 1, dice la acuasación, es un familiar de Pólit que vive en el Sur del Distrito de Florida. Este controlaba varias empresas constituidas en ese Estado y que tenían cuentas bancarias. El co-conspirador 2 fue gerente senior de Odebrecht desde 2010 hasta 2016, cuya responsabilidad regional incluyó a Ecuador durante el período de tiempo relevante. Mientras que el co-conspirador 3 es un empresario ecuatoriano. El Tribunal no menciona los nombres de los tres. Pero por su descripción, el co-conspirador 1 podrían ser John Pólit, cuyas propiedades han sido reveladas durante el proceso. Mientras que el co-conspirador 2 encaja en las funciones que tenía José Conceição Santos, exrepresentante de Odebrecht en el Ecuador, quien delató a Pólit en 2017.

Según ese documento previo, Pólit no dio su testimonio ante el Gran Jurado, que es el que examina las acusaciones de un delito contra una persona y, si las pruebas lo justifican, formula los cargos formales. En cambio, sí se presentaron testigos. La Fiscalía ordenó la transcripción de los testimonios de los mismos y que declararán en el juicio de esta causa.

“El gobierno hará todos los esfuerzos posibles de buena fe para estipular todos los hechos o puntos de derecho cuya verdad y existencia no se discute y cuya pronta resolución acelerará el juicio. Estas estipulaciones se discutirán en la conferencia de descubrimiento”, ofreció el fiscal González. Una vez aprobada la moción para la confidencialidad, la defensa de Pólit deberá llamar a la oficina del fiscal para fijar una fecha para la entrega de la información.

Una jueza experta en lavado de activos retoma el caso

Kathleen Williams es jueza para el Distrito Sur de Florida desde el 2011 y es especialista en los llamados delitos de cuello blanco. Su experiencia arrancó décadas atrás cuando entre 1984 y 1988 se desempeñó como asistente del fiscal de los Estados Unidos en ese mismo distrito y se ocupó de casos relacionados con carteles de droga.

Uno de sus casos más recientes que conoció fue el del exprimer ministro de las Islas Vírgenes, Andrew Alturo Fahie. Williams aprobó una fianza para él por USD 1 millón. El funcionario había sido acusado de cargos relacionados con drogas. Pero su fallo fue polémico. El fiscal federal adjunto Frederic Shadley trató de mantener a Fahie detenido hasta el juicio, porque consideró que el exprimer ministro podría fugarse. 

Kathleen M. Williams es la jueza asignada al caso de Pólit. Photo: J. Albert Diaz/ALM.

Asimismo, en 2021, Williams aceptó el pedido de Facebook de transferir una demanda presentada por Donald Trump contra el gigante tecnológico de Florida a California. El expresidente había argumentado que estaba exento de una cláusula en los términos de servicio de Facebook que exige que todos los litigios contra la empresa se presenten en un tribunal de California. Ese fue uno de los reveses más sonados contra Trump en su intento por recuperar sus cuentas de redes sociales después de que estas fueran eliminadas a principios de 2021 de esa plataforma. 

En mayo de 2021, sentenció al cartagenero Gustavo Hernández Frieri a casi cuatro años de prisión por ser parte de una conspiración para la malversación de USD 1.200 millones de la compañía petrolera estatal de Venezuela PDVSA. Hernández se declaró culpable en 2019 de un solo cargo de asociación ilícita para el blanqueo de dinero. También condenó a Abraham Ortega, exfuncionario venezolano, a más de dos años de cárcel por el mismo caso. 

Entre sus casos más destacados está el del crucero Norwegian Cruise Line Holdings. El 3 de mayo de 2021, el gobernador Ron DeSantis (republicano) promulgó una ley que prohibía a cualquier empresa de Florida exigir que una persona proporcionara una prueba de vacunación contra el covid. Pero tres meses después, la jueza Williams falló a favor del crucero para exigir a los pasajeros la vacunación. 

A la jueza Williams le fue asignado el caso de Pólit desde que este fue detenido. Pero la primera parte del proceso, que consistió en la lectura de cargos y fianza, fue remitido a su colega Jacqueline Becerra. Una vez terminada esa etapa, Williams conocerá los pedidos y audiencias siguientes.

Este no es el primer caso sobre un ecuatoriano que llega a sus manos. En marzo de 2019, negó la deportación de los hermanos Roberto y William Isaías. Ambos exbanqueros fueron detenidos el 13 de febrero por Migración de Estados Unidos. La jueza Williams resolvió que ese caso sea revisado por un juez de esa materia. Quedaron libres tras el pago de una fianza.