“No tumbaron paredes con martillos. Lo hicieron con dinamita. Si las camaretas de un monigote se pueden escuchar en una cuadra, ¿cómo la explosión de una dinamita no pudo escucharse hasta la entrada de la Penitenciaría? Es algo ilógico”. Esta es una de las preguntas que John Campuzano aún se hace sobre la inacción de las autoridades el pasado 12 y 13 de noviembre cuando sucedió una masacre en la Penitenciaría del Litoral, la tercera en ese lugar, que dejó 68 víctimas.

En esos días, John perdió a su padre. Su progenitor, que había ingresado hace solo 62 días, estaba en el área transitoria de la Penitenciaría, donde fueron asesinadas la gran mayoría de personas. En ese lugar estaban internos sin sentencia o por cumplir sus condenas, o por infracciones de tránsito y delitos menores. Los ataques entre presos se dieron no solo con armas, sino también con explosivos para pasar a los pabellones y someter a las bandas contrarias.

“Hubo transmisiones en vivo desde el interior de la cárcel. Y aún así no hicieron nada. ¿Por qué? Porque no tenían la orden de un superior”, cuestiona Campuzano, quien ahora es uno de los voceros del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, que el próximo 21 de junio participará en el 184 período de sesiones de la CIDH. Es la primera vez que una organización de la sociedad civil, conformada por familiares de las víctimas de las masacres carcelarias, contarán su situación en un foro internacional.

Ante la CIDH hablarán, entre otros temas, sobre el hacinamiento, la falta de control que ha ocasionado que las bandas se hayan adueñado de las cárceles, de cómo estas cobran por absolutamente todo a las familias y cómo ese lucro deriva en corrupción. Ese es un ciclo que mantiene en crisis al sistema penitenciario, dice Campuzano.

El 22 de noviembre pasado, PlanV explicó cómo funcionan estos negocios ilícitos gracias al testimonio de una familiar. ‘Banco’, ‘guardia’, ‘cabina’, ‘rifas’, ‘tiendas’ son los rubros que los internos deben pagar dentro de la Penitenciaría del Litoral para tener protección o acceder a un teléfono, comida y medicinas. Es un negocio millonario a costa de la extorsión de las familias y que incluye zonas de castigo para los presos que no lo cumplen.

Aunque la corrupción en las cárceles tiene efectos sobre los privados de libertad y sus familias, es un tema al que las autoridades rehúyen. “El Sistema Nacional de Rehabilitación Social está cooptado por servidores públicos corruptos, de cuya evaluación y control no se tiene cuenta alguna [IR se pregunta por procesos continuos y eficientes de cacheo a los propios servidores policiales, militares y agentes penitenciarios], y que sin duda promueven el debilitamiento institucional, al proteger la persistencia de estructuras criminales en detrimento de la rehabilitación social”, dice el informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en Ecuador de la Fundación IR ‘Iniciativas para la reinserción’, enviado para el Examen Periódico Universal (EPU) de Ecuador ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se llevará a cabo en noviembre de 2022.

Informe sobre la situación de las personas privadas de libertad de la
Fundación IR 'Iniciativas para la reinserción'. Ver PDF

“Sorprende que no haya pronunciamiento del MINGOB (Ministerio de Gobierno) en relación con la permeabilidad que el crimen organizado transnacional ha logrado en su propia institucionalidad -la PNE está adscrita a dicha Cartera de Estado-, pues está claro que la presencia de armamento y droga -entre otros- al interior de las prisiones, responde a la […] corrupción, infiltración camuflada y cooptación institucionalizada de segmentos de los sectores públicos y privados”, menciona la Fundación IR en su informe ampliado.

¿Qué está haciendo el SNAI- el ente encargado de las cárceles- para evitar nuevas masacres y la corrupción en esos centros?, fueron algunas de las principales preguntas que hizo un grupo de periodistas, el pasado 16 de mayo, al general Pablo Ramírez, director del SNAI. En ese conversatorio, el funcionario informó que ha iniciado el proceso para la certificación ISO 37001, referente a sistemas de gestión antisoborno.

“Seremos contundentes contra aquellas personas que generen cualquier tipo de comisión, anomalías o actividades ilícitas”, dijo Ramírez en referencia a funcionarios del sistema penitenciario. Anunció la creación de un código de ética y de normas técnicas que deben cumplir todos los directores de centros de rehabilitación.

El general Pablo Ramírez, director del SNAI, aseguró el pasado 16 de mayo que -durante su administración- los líderes de las bandas dejaron de tener privilegios.

Mientras el SNAI concreta esos anuncios, en el 2022 se han producido dos nuevas masacres. Una de ellas sucedió el 9 de mayo pasado en la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas, que dejó un saldo de 44 muertos. Ramírez informó que recibieron alertas de que el traslado de un cabecilla a ese centro alteraría el lugar.

El pasado 4 de abril, el SNAI reabrió La Roca, una cárcel, considerada de máxima seguridad, donde han sido recluidos líderes de bandas. Pero la violencia en las cárceles continúa. Foto: Ministerio de Gobierno

Por esas alertas, el director del SNAI aseguró que envió a un grupo especial de agentes penitenciarios. Ellos tenían como misión reforzar la seguridad interna en el centro y, entre sus tareas, debían cerrar los pabellones a determinadas horas para que no existan cruces de internos y evitar que un solo agente tenga todas las llaves del lugar. “Pero lastimosamente se tomaron el control, le quitaron las llaves a los agentes penitenciarios", dijo Ramírez y afirmó que este caso se investiga. La madrugada del 9 de mayo hubo 25 agentes penitenciarios para 1.700 presos en esa cárcel, según confirmó PlanV con un informe reservado.

La escasez de guías y su trabajo al interior de las cárceles ha sido uno de los puntos más observados por organizaciones nacionales e internacionales. En la actualidad existen 1.629 agentes penitenciarios a escala nacional. Pero ese número cumple horarios rotativos por lo que solo el 33% de ese total custodia simultáneamente a toda la población penitenciaria, como lo ha señalado la Fundación IR.

Para cubrir el déficit, el SNAI ha calculado que son necesarios 2.600 guías más. En abril pasado, abrió la convocatoria para incorporar a 1.400 servidores en este 2022. Los aspirantes deberán pasar por pruebas de confianza, poligráficas, toxicológicas y socioeconómicas. Ramírez manifestó que los actuales agentes también serán evaluados. En 2023, anunció, se incorporarían 1.000 agentes más. La Fundación IR recomienda al Estado asignar más recursos económicos para su capacitación y promoción laboral que eximan a este personal trabajar en condiciones que “propician el síndrome del burnout, la corrupción, y la extrema violencia”.

María Amelia Espinosa, directora de esta organización, va más allá. “Si estuvieras preso, sabiendo que al “corromper” al funcionario de turno podrías aligerar la indignidad en que sobrevives, ¿qué harías? (...) Si tu trabajo como funcionario de prisiones estuviera marcado por el desprecio generalizado hacia la población con la cual trabajas, por la ausencia de un plan de carrera e incentivos salariales, por el abandono de un gobierno que se jacta de dotar de recursos humanos y financieros a las fuerzas de seguridad, ¿cómo aumentarías tus ingresos?”, se pregunta. En una entrevista con PlanV, explicó cómo la violencia en las cárceles parte de la inexistencia de condiciones mínimas para una estancia digna en las mismas.

Ramírez reconoció las extorsiones y la corrupción que involucran a los agentes. Al respecto mencionó que han hecho traslados de estos servidores por seguridad y también para evitar nuevos actos de corrupción. “Los que están implicados - por ejemplo, en el ingreso de objetos prohibidos- van a la audiencia, tienen medidas sustitutivas y regresan al mismo puesto. Nosotros queremos cambiarlos para que no se queden allí mismo, pero el agente penitenciario pone acción de protección”, dice el funcionario.

Esa situación no permite al SNAI tener una ‘gobernanza’ de los centros, según Ramírez, quien ha cuestionado a la justicia por permitir traslados de internos con pedidos de habeas corpus o acciones de protección. Pero internamente, el SNAI puede sancionar a sus funcionarios cuando cometen una irregularidad. En 2021, hubo 90 actos administrativos, de las cuales solo seis terminaron en sanciones. Ramírez aseguró que han pasado de una comisión a tres para atender esos trámites y que estos no queden en la impunidad.

Pero la situación de los agentes no es el único problema. “El Estado lo tiene muy complicado si no invierte en el sistema para quitar del poder a estas personas. Esto no es nuevo, la solución ya existe. Hay que tomar las ideas de otros países. ¿Cómo le quitas el poder a las bandas, a sus jerarquías? Haciendo que todos en el centro sean iguales”, cuestiona Campuzano.

Entre el 1 y 3 de diciembre pasado, una comisión de la CIDH visitó Ecuador y en marzo pasado presentó su informe en el que reportó desde la pérdida de los contratos relacionados con el sistema penitenciario hasta el trato privilegiado a los líderes de Los Choneros.  Foto: Infobae

Los expertos de la CIDH que visitaron Ecuador observaron esos privilegios. En su informe, publicado en marzo pasado, relataron el trato privilegiado para los líderes de Los Choneros en la cárcel Regional, en Guayaquil. “De igual forma, la delegación se reunió con José Macías Villamar -alias “Fito”- líder de la banda de Los Choneros y de quien se pudo percibir ejerce un control interno importante del centro penitenciario. También, se entrevistó con otros líderes como Junior Roldan Paredes. La delegación observó por la vestimenta, que en efecto los líderes cuentan con un trato diferenciado y preferente por las autoridades en contraposición con otras personas entrevistadas”. La comisión visitó el país del 1 al 3 de diciembre.

Ese documento coincide con el informe de la Comisión de Pacificación, que fue creada por el Gobierno para disminuir la violencia en las cárceles. El reporte es un resumen de sus hallazgos desde el 16 de diciembre de 2021 hasta 11 de marzo pasado. En este mencionan que los internos consultados dieron nombres de policías que son “brazo derecho de aquellos que supervisan lo que pasa en el Litoral” y “quienes aparentemente protegen a algunos de estos líderes”.

Ramírez, en el conversatorio, aseguró que los privilegios habían terminado. “Desde que estoy en esta administración, todos los procedimientos y protocolos son iguales para todas las personas. Lo que haya estado construido o entregado antes, es una situación que ahora estamos rompiendo. Incluso estamos en un proceso de contratación de la alimentación y será para todos igual”.

“No buscamos entrar en conflicto con las bandas, sino que no se vuelva a repetir otra masacre. Quienes los dejan actuar es el Estado”, recalca Campuzano, quien es uno de los 25 familiares que confirman el Comité que está respaldado por el Comité Permanente por la Defensa de los DDHH de Guayaquil. El Comité tiene el objetivo de ser una plataforma para exigir justicia, restitución y reparación para las familias por los daños y la vulneración de derechos por parte del Estado al no garantizar la vida y la protección de sus seres queridos dentro de las cárceles del país. Hasta el momento, ninguno de ellos ha recibido atención psicológica del Gobierno, ni ninguna otra ayuda.