24 de marzo. El fiscal Juan Antonio González pidió al Tribunal del Distrito Sur de la Florida que mantenga en reserva la acusación formal y la orden de detención contra Carlos Pólit hasta que el excontralor sea arrestado. Esto con el objetivo de evitar que la integridad de la investigación en curso sea comprometida y que el acusado huya en caso de que esta información se haga pública. Ese mismo día, la jueza Alicia M. Otazo- Reyes aceptó la solicitud y ordenó la reserva de la información hasta la detención de Pólit.

28 de marzo. Según documentos ingresados al Tribunal, a los que accedió PlanV, Pólit fue arrestado ese día por delitos relacionados con lavado de dinero y participar en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. Pero sobre su detención solo se conoció un día después.

29 de marzo. El caso llegó a la jueza Jacqueline Becerra, quien dispuso la apertura de la causa. Ese mismo día, a las 13:30, se llevó a cabo la primera audiencia donde Fernando Tamayo y James Odell se presentan como abogados de Pólit. Ambos forman parte de Coffey Burlington, considerado como uno de los bufetes de élite de la Florida. Esta firma de abogados defiende al excontralor ecuatoriano, al menos, desde 2019. Entre sus clientes están multinacionales y petroleras. Por la parte acusadora estuvo el fiscal Alexander Kramer. Pólit compareció por primera vez ante el Tribunal. Desde ese momento el caso se volvió público.

Ese día, el Departamento de Justicia de EEUU emitió un comunicado y difundió los detalles de la acusación formal contra Pólit. De acuerdo a ese documento, entre 2010 y 2016, el exfuncionario recibió más de 10 millones de dólares en pagos de sobornos de Odebrecht SA, pero también de un empresario ecuatoriano para recibir contratos de Seguro Sucre. Ese dinero habría sido blanqueado mediante la adquisición de propiedades en Miami. Pólit y su hijo, John, fueron procesados en Ecuador por el delito de concusión en el caso Odebrecht.

En la audiencia, la jueza Becerra ordenó para Pólit el beneficio llamado Brady -una regla establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Brady v. Maryland de 1963. Bajo esta, el fiscal debe revelar, antes del juicio, cualquier evidencia favorable al acusado que podría reducir una potencial sentencia.

Pólit debió esperar hasta el 1 de abril para su audiencia de detención.

30 de marzo. Joseph S. Beemsterboer, jefe interino de la Sección de Fraude de la División Penal del Departamento de Justicia, informó al Tribunal que la abogada asignada al caso para defender los intereses de EEUU es Jill Simon, cuya oficina está en Nueva York.

1 de abril. Se desarrolló la audiencia de detención. Jill Simon viajó a Miami para estar presente en la diligencia, la acompañó también el fiscal Michael Berger. Aunque había un acuerdo anticipado entre la defensa de Pólit y el Departamento de Justicia de EEUU para una fianza, la jueza Becerra cuestionó duramente el origen de los bienes de la familia Pólit que se presentaron como garantía. Finalmente, Becerra rechazó la propuesta e impuso una fianza por USD 18 millones.

También fijo la lectura de cargos para el 6 de abril. Esta es una audiencia donde el juez lee los cargos penales contra el acusado, le pregunta si los comprende y cómo se declara. Hay tres opciones: culpable, no culpable o sin oposición (no está de acuerdo en que cometió un delito, pero está dispuesto a aceptar una condena), según el sitio especializado Findlaw.com.

La lectura de cargos debe ocurrir dentro de un tiempo razonable después del arresto. Una demora irrazonable viola el derecho constitucional federal de la Sexta Enmienda del acusado a tener un juicio rápido.

6 de abril. La defensa de Pólit solicitó un aplazamiento de dos semanas para la lectura de cargos, a lo que el Gobierno no se opuso. El juez Lauren F. Louis ordenó que esta audiencia sea el 20 de abril.

9 de abril. La defensa de Pólit presentó una moción para reconsiderar las condiciones de la fianza que fueron impuestas el 1 de abril por la jueza Becerra. Ese día, la defensa de Pólit ingresó un documento en el que planteaba una rebaja de la fianza de USD 18 millones a USD 11 millones. Incluía una lista de bienes de la familia Pólit como garantía para la fianza. Esta compredía de 7 inmuebles, entre departamentos, un edificio, locales y un terreno.

12 de abril. Se realizó la audiencia para revisar la fianza fijada por la jueza Becerra. Ella y el fiscal Michael Berger expresaron sus inquietudes sobre el origen de los fondos con los que la familia de Carlos Pólit adquirió departamentos y otras propiedades en Miami. La duda les surgió porque la mayoría de las propiedades que presentó la familia para la fianza habían sido adquiridas durante los años de la conspiración. La jueza instruyó al abogado de Pólit para que presente una nueva propuesta. Plan V reveló los detalles de esta audiencia, después de acceder a documentos del Tribunal.

18 de abril. La jueza Becerra negó el pedido de Pólit de rebajar la fianza de USD 18 millones a USD 11 millones. “Por las razones expuestas en la audiencia, se niega la moción del demandado”, fue la resolución de la magistrada.

20 de abril. Pólit solicitó una segunda prórroga, de dos semanas más, para la lectura de cargos, a lo que el Gobierno de EEUU no se opuso. El juez Chris M. McAliley fijó una nueva fecha para esa diligencia: el 4 de mayo.

26 de abril. El Departamento de Justicia de EEUU solicitó -con el consentimiento de Pólit y su defensa- al Tribunal de la Florida excluir el tiempo entre el 6 de abril y el 4 de mayo del plazo que corre bajo la Ley de Juicio Rápido. Un acusado en un caso penal tiene derecho a un juicio rápido según la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU. La Ley de Juicio Rápido, que ampara ese derecho, requiere que el juicio comience dentro de los setenta días a partir de la fecha de presentación pública de la acusación o desde la fecha en que el acusado haya comparecido ante un tribunal.

El juez Chris M. McAliley aceptó el pedido, pues consideró que este es un caso complejo e inusual por su propia naturaleza. Además, permitió de esa manera que la defensa de Pólit tenga el tiempo necesario para revisar los documentos del mismo. El juez observó que hay una predisposición de ambas partes para llegar a una resolución del caso.

Carlos Pólit se convirtió en contralor durante el mandato de Rafael Correa. Fue reelegido en dos ocasiones, pero en la segunda abandonó el cargo en medio del escándalo de Odebretch. Foto: Archivo / El Comercio

De esa manera, Pólit aceptó renunciar a cualquier reclamo por la extensión del tiempo para que comience el juicio en este caso, en virtud de la Ley de Juicio Rápido. “Esta renuncia se hace a sabiendas, intencional y voluntariamente por parte del demandado; con pleno conocimiento de las disposiciones de la Ley de Juicio Rápido y con el consejo y consentimiento del abogado defensor”, dice la solicitud.

29 de abril. Howard Srebnick se suma a la defensa de Pólit de forma temporal, específicamente para las diligencias relativas a la fianza. Él es parte del Black Srebnick, otro reconocido bufete de abogados en EEUU.  Srebnick -conocido por ser el abogado de los cantantes Justin Bieber y Lil Wayne- es un veterano litigante de casos de alto perfil.

29 de abril. El fiscal Juan Antonio González presentó litispendencias contra tres propiedades de John Pólit. Este es un aviso por escrito de una demanda relacionada con bienes raíces, que involucra el título de la propiedad de los mismos. Las tres propiedades comprenden un edificio de 4 pisos, un terreno y un departamento, que corren el riesgo de ser decomisadas por estar involucradas en el caso.

2 de mayo. Srebnick presentó el segundo pedido de rebaja de fianza a favor del ecuatoriano. Mediante un escrito, pidió una fianza para Pólit por USD 14 millones, dividida en dos partes. La primera parte consistía en una fianza de USD 2,5 millones en efectivo y cuentas de jubilación, de los cuales proponían depositar USD 100.000 dólares (el 4% del importe de la fianza) en el registro judicial y co-firmada por doce miembros de la familia Pólit.

La segunda parte comprendía una fianza personal de USD 11,5 millones, sostenida por siete bienes, de los cuales seis están a nombre de John Pólit, uno de los hijos del excontralor.

3 de mayo. En una nueva audiencia, la jueza Becerra aceptó esta nueva propuesta y fijó la fianza en USD 14 millones más el arresto domiciliario de Pólit. La jueza Jaqueline Becerra aceptó casi la mayoría de los ofrecimientos que hizo la defensa de Pólit. Pero incrementó el depósito en efectivo en registro judicial de USD 100.000 a USD 200.000.

Ese mismo día, allegados a Carlos Pólit depositaron los USD 200.000 en el registro de la corte. Lo hicieron con tres cheques pertenecientes a uno de los hijos de Pólit, un yerno y un cuñado. La jueza además fijó la lectura de cargos para este 17 de mayo. Hasta el cierre de esta edición, esa fecha no ha sido aplazada. La fianza fue avalada por 15 familiares de Pólit.

3 de mayo. El fiscal Federal Auxiliar, Peter A. Laserna, se presentó como abogado de los Estados Unidos respecto a cualquier cuestión de decomiso en el caso.

4 y 5 de mayo. En estos días han ingresado nuevos documentos al expediente que han sido declarados como reservados hasta nuevo aviso.

12 de mayo. El fiscal Juan Antonio González ingresó litispendencias contra nueve bienes más de la familia Pólit. Tres de estos bienes pertenecen a John Pólit y corresponden a su departamento ubicado en la dirección 88 SW 7 Street, y que está un edificio que es parte del complejo del centro comercial de alta gama Brickell City Center. Además del local donde funcionó una tintorería y un restaurante. A estos se suman cinco bienes a nombre de Charles Pólit, que incluyen un departamento ubicado en el edificio The Ivy Miam, otro en 8017 Lake Drive y tres propiedades más. También apareció por primera vez con esta orden un departamento de una de las hijas de Pólit.

Según la notificación, quienes figuran como dueños de los inmuebles, no podrá iniciar una acción legal contra los Estados Unidos respecto a la validez de “cualquier interés alegado en la propiedad con posterioridad a la presentación de una acusación o reclamar contra la información que alegue que la propiedad está sujeta a decomiso”. Es decir, en total 12 bienes de la familia Pólit podrían tener riesgo de decomiso.