No es un tema de los planes de gobierno. Ni de sus agendas. La gran mayoría de los 16 candidatos a la Presidencia han evitado exponer su posición respecto a la despenalización del aborto, un tema que ha fracasado dos veces a la Asamblea Nacional, mientras el Ecuador escala en el ranking de los países de la región con la más alta tasa de embarazo adolescente.

Plan V entrevistó y consultó a la mayoría de los 16 candidatos presidenciales sobre este tema. De ellos, siete dijeron estar a favor de la despenalización del aborto, sobre todo en casos de violación. Tres se han pronunciado en contra de esa opción. Uno evitó decir un sí o un no sobre el tema. Y cuatro aún no han respondido esa pregunta que ha sido enviada a través de cuestionarios a sus asesores de campaña. De los 12 postulantes a Carondelet, hay tres que sugieren enviar este tema a una consulta popular.

De los 16 candidatos presidenciales, solo tres incluyeron su postura en sus planes de gobierno entregados al Consejo Nacional Electoral. Una de ellas fue Ximena Peña, por Alianza País, quien como asambleísta impulsó la última reforma en el 2019, pero esta no consiguió los votos suficientes. “Este debate, al igual que el relacionado con la legalización del consumo de marihuana con fines recreativos, debe tener lugar en el campo de la política pública, no solamente en el de la campaña electoral”. En las respuestas enviadas a esta redacción, la candidata manifestó que este no es un tema de dogmas sino de salud pública. “No podemos cerrar los ojos a la desgracia de más de más de 2.000 niñas que dan a luz cada año a causa de embarazos producidos por violencia sexual, en muchos casos por violaciones incestuosas”.

Asimismo el candidato Xavier Hervas, por la Izquierda Democrática, dice que continuará con el trabajo para una despenalización del aborto. Es el único que propone en su plan de gobierno que sea total. “No debemos ni podemos criminalizar a una mujer a la cual un embarazo pone en juego su vida, como tampoco podemos como sociedad criminalizar a una mujer que ha sido violada en caso de que decida no continuar con el embarazo”, dijo en una entrevista con este medio.

Hervas y María Sara Jijón, su binomio, presentaron en diciembre pasado la Agenda Mujer #ConEllas que propone una reactivación económica integral con enfoque de género, la paridad de género en el Ejecutivo y la atención de los derechos sobre todo de niñas, niños y adolescentes. Jijón tiene un diplomado en Género y Economía por la Flacso. Su plan de gobierno es uno de los pocos que habla sobre derechos sexuales reproductivos, violencia contra la mujer, empleo, educación, salud y políticas con enfoque de género (ver cuadro más adelante). Pero antes de la campaña salieron cuestionamientos sobre un juicio de pensión de alimentos contra Hervas, quien tuvo que aclarar públicamente por su cuenta de Twitter que pagaba todas sus obligaciones como padre.

Gerson Almeida, del movimiento Ecuatoriano Unido, es otro candidato que también dejó por escrito su posición. En su propuesta de gobierno se declara defensor de la vida desde la concepción. Al ser consultado sobre este tema, dijo que “la norma constitucional establece claramente la protección de la vida desde la concepción, por tanto, cualquier ley que pretenda despenalizar el aborto es inconstitucional”. También se declaró como el único binomio provida por “convicción”. “Estamos comprometidos con garantizar el respeto a la vida desde la concepción, asegurando una calidad de vida en todas las etapas, desde el vientre hasta la vejez”, manifestó.

Pero no es el único candidato que se opone al aborto. Guillermo Lasso, de la alianza CREO-PSC,  lo ha manifestado públicamente, sobre todo cuando la Asamblea discutió este tema en el 2019. “Un principio ético esencial es el respeto a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte”. También dijo que ese debate, respecto a la despenalización del aborto en casos de violación, “es una pantalla de humo para justificar y legalizar el aborto de manera general”.

Guillermo Celi, de SUMA, también asegura defender la vida desde la concepción, pero también está en contra de la violencia contra la mujer. En una entrevista con Plan V, manifestó: “Cuando se conoce de una violación no sabemos si esa mujer tuvo un resarcimiento por lo ocurrido. Como legislador denuncié que se estaban quitando diez millones de dólares a la lucha contra la violencia contra la mujer y se mantuvieron, pero en mi gobierno voy a mantener los recursos para hacerle ese seguimiento a la mujer ecuatoriana, para que se atiendan las heridas corporales y del alma. Hay que darle independencia económica a la mujer, ella será el centro de nuestro gobierno porque hay mecanismos claros para ayudarla”.

Mientras que el candidato Carlos Sagnay, de Fuerza Ecuador (FE), se mostró reacio en la entrevista a contestar un sí o un no a la pregunta sobre la despenalización del aborto. “Yo estoy a favor de que las personas afectadas, que son las mujeres, tomen la decisión al respecto”, afirmó. Agregó que impulsará una consulta exclusivamente para las mujeres porque “no creo que este tema deba ser resuelto por hombres”. El de Sagnay es el único plan de gobierno que no contempla una sola propuesta a favor de las mujeres en ningún ámbito. Al ser consultado cuáles son sus propuestas para frenar la violencia contra las mujeres dijo que le preocupan “todas las violencias”.

Una paradoja, pues el suyo es uno de los nueve binomios integrados por mujeres. Narda Ortiz, candidata a la vicepresidencia por FE, en entrevista con Plan V, dijo que pese a ser provida, este es un tema que merece especial atención. Dijo que la vida la dio la oportunidad de conocer casos de niñas de 10 y 12 años que dieron a luz mientras ella se encontraba internada en la maternidad de Quito. Sin embargo, al ser consultada sobre una despenalización del aborto por violación, manifestó que eso esa algo “muy complejo”. Propone atención sicológica y reparación integral para los menores violentados, y cero impunidad para los violentadores. Ella fue miembro de Manos Unidas, una organización internacional de la iglesia Católica.

Sagnay no es el único que propone una consulta popular para resolver este debate. Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica, manifestó a Plan V en una primera entrevista, del 14 de diciembre pasado, que este será uno de los temas de una gran “mega consulta popular”. “Yo todo consultaré al pueblo”, dijo y agregó que, para él, “por concepto cristiano, el único que puede quitar la vida es Dios”. En un segundo cuestionario enviado al candidato, afirmó que sí está de acuerdo con la despenalización, pero “en casos excepcionales como por ejemplo cuando corra peligro la vida de la madre y por violación comprobada”.

Yaku Pérez es otro candidato que habla de consultar al pueblo sobre este tema, aunque está a favor de esta opción, únicamente, en casos de violación, cuando la vida de la madre está en riesgo o por malformaciones del feto. “Es necesario abrir un gran debate nacional sobre la violencia y los derechos sexuales y reproductivos en el país, pero esto es una decisión de país no de una sola persona, por lo que lo llevaremos a consulta en el momento oportuno”.

¿Es una opción una consulta popular para un tema sobre derechos? Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, recuerda que no lo es porque los derechos no se consultan y no hay asidero jurídico para ello. “Es como si se consultara si debemos tener derecho a la salud, a la educación. Habría un retroceso infame de derechos. Los derechos están ahí y son un piso mínimo para garantizar una vida digna”. Una propuesta de este tipo, en su opinión, pasa por un desconocimiento puro y duro de las normas constitucionales. Pero también una salida fácil de los candidatos para abordar temas como el aborto que han estado totalmente ausentes en su vida política o ahora en la campaña.

Es el caso de Andrés Arauz, de UNES, que hasta el momento no ha aceptado una entrevista con este medio. En su vida pública no hay registro de que este candidato se haya referido al tema. Esa es la conclusión a la que llega un análisis de AFP Factual. Este portal especializado en verificación de contenidos de la agencia internacional, no encontró una mención de las palabras “aborto” y “embarazo” en los 14.600 tuits que Arauz ha publicado durante los 10 años que tienen su cuenta activa. Hizo esa búsqueda después de que circulara una foto del candidato junto con Cristina Fernández donde se le atribuía un texto a favor de aborto, que no fue cierto.

Más bien, quien ha salido a la palestra es su binomio, Carlos Rabascall. El candidato a vicepresidente de UNES, en una entrevista con Hora 25, manifestó que título personal no está a favor del aborto. “Yo pude haber no nacido”. En ese mismo espacio, Virna Cedeño, binomio de Pérez, dijo que no es posible una única postura, en referencia a la pregunta de si está o no de acuerdo con el aborto. Mostrar una definición, afirmó, es caer en el populismo “porque depende mucho de qué es lo que conviene”. Tras la insistencia del entrevistador Andrés Carrión, Cedeño dijo que estaría de acuerdo con el aborto en casos de violación de niñas y cuando exista un riesgo para la salud.

En Ecuador, aproximadamente 2.000 niñas menores de 14 años dan a luz anualmente. Foto: Luis Argüello. PlanV

Gustavo Larrea (Democracia sí), en la entrevista con Plan V, sostuvo que, en casos de violación, las mujeres deben decidir libremente, si continúan o no con el embarazo. “Sobre el aborto en general tengo una posición al respecto pero no la quiero imponer al país, es algo que el Ecuador debe decidir en mayoría y en consenso”. César Montúfar, de la alianza Concertación - Partido Socialista, también manifestó que apoyan la opción del aborto en casos de violación. En el grupo a favor del aborto también está Pedro Freile, del movimiento Amigo. “Estamos a favor de que solo las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y que tiene que procesarse legislativamente, y vamos a apoyar esa posición”.

En este grupo también está Juan Fernando Velasco, del movimiento Construye, quien ante una pregunta de este medio sobre si apoyaría una ley de legalización del aborto, manifestó lo siguiente: “En ciertas condiciones hay que proteger la vida del feto, pero no podemos olvidarnos de la vida de las mujeres. Hay que defender los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y es una discusión que debe de ser liderada por las mujeres. Son sus cuerpos”.

Los candidatos Isidro Romero y Paúl Carrasco no han enviado el cuestionario con este tema o no han aceptado una entrevista con este medio.

El camino interrumpido

Para Sybel Martínez, la lucha por el aborto en casos de violación es una lucha por las niñas. “Yo me pregunto en este país, ¿quién concurre por las niñas?”.

En Ecuador, aproximadamente 2.000 niñas menores de 14 años dan a luz anualmente, el 80% es producto de violaciones, según la Fundación Desafío. El Ministerio de Salud Pública ha estimado que el 15,6% de las muertes maternas se deben a abortos realizados en condiciones de clandestinidad, de acuerdo al reportaje La despenalización del aborto y subdesarrollo, publicado en este portal.

En el 2019, el menos 59 niñas y mujeres fueron atendidas, por día, en los hospitales por una emergencia obstétrica, y en la mayoría de los casos fueron abortos. En ese año, 226 niñas, entre 10 y 14 años, acudieron a un centro hospitalario por una complicación. De ese grupo, 111 niñas tuvieron un aborto espontáneo y 64 niñas, un embarazo prematuro. Son cientos de niñas que han sido violadas y han tenido que sufrir una complicación durante su embarazo, dijo en su momento Virginia de la Torre, directora de la Fundación Desafío, en un artículo publicado también en esta revista.

En opinión de Martínez, en el foro de este fin de semana, el tema de la violencia de género apenas fue tocado por los candidatos y sin una claridad en derechos humanos. Lo mismo ocurre en sus planes de gobierno que hablan de fortalecer e impulsar nuevos proyectos sin mayores detalles. Pero también esa debilidad de propuestas se puede leer en otros temas relacionados con la educación, salud o empleo. “Es importante exigir un enfoque humanitario en las propuestas”. A eso se suma el desconocimiento del marco jurídico y constitucional del país.

En el Ecuador, el aborto es legal en caso de violación a una mujer con discapacidad mental y cuando pone en riesgo la vida o salud de la madre. Organismos internacionales han pedido al país que despenalice el aborto en casos de violación, incesto y serias malformaciones del feto. Lo ha hecho, desde el 2015, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, en sus siglas en inglés). En ese informe, de hace cinco años, concluyó que “el limitado acceso que las mujeres tienen al aborto terapéutico tiene como consecuencia la realización de interrupciones del embarazo no seguras”.

En los últimos años, han llegado a la Asamblea dos reformas para la despenalización del aborto en casos de violación que han provocado la movilización de organizaciones y colectivos feministas, a veces reprimidos en los exteriores del Parlamento. A ese lugar también han llegado los grupos Provida, respaldados por la Iglesia, para impedir el cambio.

Ambos intentos legislativos fracasaron. El primero se dio en el 2013 cuando la asambleísta Paola Pabón pidió que se apruebe ese cambio legal, con el apoyo de 20 de sus colegas mujeres de Alianza País. Pero el presidente Rafael Correa amenazó con renunciar si la Asamblea aprobaba la propuesta y ordenó a su partido votar en contra y acusó de traidora a Pabón. Ella y las asambleístas Soledad Buendía y Gina Godoy -también de AP- que la secundaron públicamente, fueron sancionadas. Pabón fue obligada a retractarse públicamente. “Con el inmenso cariño que te tenemos decimos que esta vez te estás equivocando”, le dijo Pabón a Correa antes de retirar su moción.

El segundo fue en el 2019. En septiembre de ese año, la propuesta para la despenalización del aborto para víctimas de violación y en casos de incesto, estupro o inseminación no consentida obtuvo 65 votos de los 70 necesarios para que sea aprobada. En los exteriores de la Asamblea, hubo vigilias y hasta una misa que dio la Iglesia y grupos provida que rechazaban la reforma.